La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció que, por primera vez, realizará investigaciones con la colaboración directa de personas que aporten información y pruebas sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas de organismos electorales, entre ellas las relacionadas recientemente con el Instituto Nacional Electoral (INE).
A través de un “Programa de reducción de sanciones para informantes”, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la ASF busca obtener testimonios y elementos que permitan conocer cómo habrían operado durante varios años posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos, así como identificar a las personas y empresas que presuntamente se beneficiaron de estas operaciones.
¿Qué pruebas podrán integrar los “informantes” a la ASF?
De acuerdo con la información difundida por la ASF, las personas colaboradoras han proporcionado y podrán proporcionar: testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios, mensajes de WhatsApp, así como nombres y alias de quienes presuntamente estarían involucrados.
El objetivo es documentar indicios de qué beneficiarios finales de distintas empresas habrían intervenido en dos etapas de las contrataciones públicas: la selección de proveedores y la elaboración de requisitos técnicos diseñados para favorecer sus propios intereses.
De acuerdo con la ASF, se investigarán:
- Empresas
- Beneficiarios finales
- Personas servidoras públicas implicadas
- Intervención en la selección de proveedores
- Definición de requisitos técnicos a modo
- Organismos electorales
ASF continuará investigando contrataciones de organismos electorales
La ASF indicó que las investigaciones continuarán para identificar a más personas involucradas, rastrear el destino de los recursos públicos y promover la imposición de las responsabilidades correspondientes.
El anuncio se da en medio de las indagatorias por presuntas irregularidades en contratos del INE y otros organismos electorales. El pasado 4 de noviembre, la ASF informó que revisaría las contrataciones realizadas entre 2000 y 2025 por el INE, el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
¿Qué sanciones pueden reducirse?
Los artículos 88 y 89 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establecen que las personas que hayan cometido faltas administrativas graves o faltas de particulares, o que participen en ellas, pueden confesar su responsabilidad y solicitar una reducción de sanciones.
De acuerdo con el artículo 89, el beneficio puede representar una reducción de entre 50% y 70% del monto de las sanciones económicas. También puede alcanzar hasta el total de la inhabilitación temporal para participar en contrataciones públicas, cuando se trate de faltas de particulares.
Para acceder al beneficio, entre otros requisitos, la persona debe ser la primera de las involucradas en aportar elementos suficientes para acreditar la infracción y la responsabilidad de quien la cometió, además de que no se haya notificado el inicio del procedimiento administrativo a ninguno de los presuntos infractores.
¿Qué está investigando la ASF?
Este lunes la ASF también informó sobre cuales líneas de investigación está siguiendo. De las cuales, permanecen 3 líneas especialmente:
- Investigación de oficio de sobre diversas irregularidades en las contrataciones públicas de todos los órganos públicos locales electorales (OPLEs), así como del INE y del entonces IFE.
- Estudio histórico sobre las adquisiciones del IFE, INE y todos los OPLEs, de 2000 a 2025, para identificar y dar a conocer patrones de contratación, concentración de proveedores y prácticas ilegales en el ejercicio de los recursos públicos por parte de los grupos empresariales y/o servidores públicos.
- Auditoría Integral al INE, así como la totalidad del gasto federalizado que se ejerce en los OPLEs.
