La llamada Ley Antimeme fue aprobada en lo general en la Cámara de Diputados por los partidos de coalición -Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT)-, con 325 a favor, en 114 contra y 1 abstención.
La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, al Código Penal Federal y a la Ley Federal del Derecho de Autor aprobada por el Congreso, no es una ley que prohíba oficialmente los memes o la sátira política, sino una reforma a dicha ley.
Aunque ha sido criticada por tener la intención de censurar, el gobierno federal de México, ha explicado que sólo sancionara a quienes suplantes identidades y tengan la intención de cometer delitos de esta forma.
¿Qué derechos protegerá la Ley Antimemes?
El objetivo principal de la ley es sancionar la suplantación de identidad de instituciones públicas y el uso no autorizado de logotipos oficiales a escala comercial para cometer fraudes, extorsiones o engañar a la ciudadanía con sitios web falsos (como simulaciones del SAT o de multas).
No es lo mismo, por ejemplo, publicar una imagen humorística que se presenta como parodia que crear una plataforma que imita la de una dependencia para que los usuarios crean que están ante un servicio público auténtico. La segunda situación ilustra el engaño que, según los impulsores del proyecto, se busca sancionar.
Además se busca actualizar la protección de contenidos en internet y la responsabilidad de los proveedores de servicios digitales ante la reincidencia en violaciones de derechos de autor. El oficialismo sostiene que la crítica y la sátira siguen protegidas constitucionalmente.
La reforma contempla sanciones que van desde multas millonarias (de hasta más de 4 millones de pesos para plataformas o proveedores que no retiren contenido infractor) hasta penas de prisión de 1 a 5 años (o hasta 7 años según señalamientos de la oposición) por el uso indebido de elementos oficiales.
¿Quiénes se oponen a la Ley Antimemes?
Partidos de oposición (PAN, PRI, MC) y diversos analistas argumentan que la redacción del dictamen es ambigua y utiliza conceptos amplios como “escala comercial” o “identidad gráfica”.
La senadora del PT Lizeth Sánchez resumió su postura durante el debate: “No estamos legislando contra el humor, estamos legislando contra el engaño”. El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, presentó la reforma como una actualización de las sanciones frente a la piratería y la falsificación, además de una forma de ajustar la legislación a compromisos internacionales de México.
Al contrario la panista Guadalupe Murguía advirtió de posibles efectos sobre las sátiras, caricaturas y cartones políticos. Manuel Añorve, del PRI, rechazó que una reforma contra la piratería pueda utilizarse para criminalizar la parodia o la crítica, mientras que Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, señaló riesgos para las expresiones en redes sociales.
Críticos señalan que las modificaciones obligan a los proveedores a suspender o cortar el servicio a usuarios señalados como “infractores reincidentes”, lo que a su juicio podría usarse para silenciar a medios de comunicación incrivés, periodistas o creadores de contenido.
