Ante los retrasos que enfrenta la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. (BMA) emitió un pronunciamiento en el que advierte que una nueva prórroga solo tendrá justificación si va acompañada de una estrategia concreta con plazos claros y recursos suficientes.
El organismo colegiado alertó que postergar el marco legal por sí solo no solucionará los rezagos institucionales y ampliará la brecha entre el modelo procesal que busca homologarse en todo el país y las capacidades operativas reales de los tribunales.
A través de un comunicado firmado por su presidenta, Ana María Kudisch Castelló, la asociación señaló que suspender o aplazar los tiempos sin corregir deficiencias estructurales mantendrá intactos obstáculos críticos: la insuficiencia de presupuesto, la falta de capacitación para juzgadores locales, la obsolescencia en infraestructura judicial y tecnológica, así como las fallas de coordinación entre la Federación y las entidades federativas.
Insuficiencia presupuestaria y transición institucional
La BMA colocó el tema presupuestal en el centro de las preocupaciones. Los poderes judiciales en los estados deberán atender de manera simultánea dos cargas laborales: los juicios iniciados bajo la legislación previa y los nuevos procesos que marca el CNPCyF. Esta coexistencia de procedimientos exige personal debidamente formado, instalaciones modernizadas y recursos adicionales que hoy no están garantizados.
A este escenario financiero se añade la coyuntura de transformación orgánica que vive el sistema judicial en México.
El colegio de profesionistas remarcó que las recientes modificaciones en la integración de los tribunales y la pérdida de experiencia por la salida de juzgadores de carrera representan retos adicionales que impactan de lleno la correcta aplicación del nuevo código.
Derechos humanos y sectores vulnerables en el centro del debate
Para la abogacía organizada, apresurar o diferir la vigencia del CNPCyF sin un plan operativo vulnera compromisos constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos y tutela judicial efectiva. La materia civil y familiar concentra litigios que inciden de forma directa en personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, así como en sectores que demandan esquemas de protección reforzada.
Por ello, la Barra Mexicana exhortó a las autoridades a respetar, en la medida de lo posible, los plazos marcados originalmente. En caso de que se demuestre la inviabilidad operativa y se requiera una prórroga, demandaron que el plazo se restrinja al tiempo estrictamente necesario bajo un plan que contemple cinco condiciones indispensables:
- Presupuesto público suficiente asignado a las entidades.
- Acciones específicas y calendarizadas.
- Autoridades y responsables definidos para cada rubro.
- Metas técnicas verificables.
- Mecanismos transparentes y públicos de rendición de cuentas y seguimiento.
Finalmente, la organización reiteró su disposición técnica para colaborar desde la sociedad civil organizada en la edificación de soluciones institucionales que permitan materializar una justicia civil y familiar uniforme en el país.
