El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, descartó la posibilidad de un cambio hacia el antiguo esquema de pensiones, al calificar como inviable la abrogación de la legislación vigente en la materia debido a la magnitud de las obligaciones fiscales que representaría para el erario, y que representa una de las mayores demandas de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Según lo planteado por Martí Batres, la sustitución del marco heredado de la administración de Felipe Calderón Hinojosa implicaría un costo equivalente a 20 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que se sitúa por encima de los 7 billones de pesos.
El funcionario federal argumentó que la actual administración carece de dichos fondos para constituir un nuevo mecanismo solidario, y precisó que el régimen de cuentas individuales posee un candado jurídico de propiedad privada.
“No podríamos decir que puede desaparecer de un día para otro el régimen de las cuentas individuales, abrogarse la Ley del ISSSTE en este momento, porque el Estado no puede tomar las cuentas individuales que actualmente existen, porque cada una de ellas tiene un titular, un dueño”, sostuvo.
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Ante este escenario, la dirección del ISSSTE defendió la consolidación de PensionISSSTE y la creación de una aseguradora pública complementaria para ampliar la participación del Estado de forma paulatina, sin poner en riesgo las finanzas nacionales.
Martí Batres sostuvo que las afectaciones del modelo de 2007 han tenido contrapesos institucionales mediante la reducción de comisiones de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) y la puesta en marcha del Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Balance de concesiones al magisterio y recursos en Oaxaca
De forma paralela a las definiciones en el sector de pensiones, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, compareció en la conferencia presidencial para transparentar el monto total de los beneficios económicos e institucionales otorgados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
El informe oficial ocurrió al cumplirse ocho días de plantón en el Zócalo de la Ciudad de México y ante las advertencias del magisterio disidente sobre presuntas acciones de boicot contra las actividades de la Copa Mundial de Fútbol 2026.
Las estadísticas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) indican que la base docente del estado de Oaxaca —núcleo de las movilizaciones actuales— recibió un acumulado de 23 mil 675 millones de pesos en el transcurso de los gobiernos de la denominada Cuarta Transformación. Este presupuesto abarca rubros como incrementos salariales directos, dotación de equipo de cómputo, uniformes, infraestructura mediante el programa La Escuela es Nuestra y asignaciones extraordinarias para pasivos laborales. Delgado Carrillo justificó la estrategia de asignación presupuestal bajo la premisa de que los compromisos económicos resuelven las problemáticas laborales por la vía institucional:
“Ha habido una atención muy importante al estado de Oaxaca, que es la mayoría de los maestros que están ahora en el plantón, por eso la vía del diálogo, la vía del trabajo conjunto, pues tiene resultados y ahí están los números”.
Rutas de negociación y compromisos presupuestales
La numeralia de la SEP sitúa el salario promedio de los docentes en una proyección de 20 mil 351 pesos para la presente gestión, en contraste con los 11 mil 952 pesos registrados hacia el desenlace del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Dicho incremento incorpora los ajustes al tabulador del 10 por ciento formalizado en 2025 y del 9 por ciento autorizado para el ejercicio fiscal de este año. La erogación exclusiva para el aumento salarial de la sección oaxaqueña durante este ciclo representó un gasto de 2 mil 987 millones de pesos, a los cuales se sumaron mil 500 millones de pesos en partidas complementarias extraordinarias.
En el plano administrativo, la dependencia federal reportó la realización de 51 mesas de trabajo con las agrupaciones magisteriales. Entre los acuerdos alcanzados destaca la basificación de más de un millón 200 mil trabajadores de la educación entre los años 2018 y 2026, la ejecución de 75 mil cambios de adscripción por criterios de antigüedad, y el decreto presidencial para la reducción progresiva de la edad de jubilación de los empleados adscritos al décimo transitorio de la Ley del ISSSTE.
