Ciudad de México, 22 de mayo de 2025 — Las protestas y bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han paralizado amplias zonas de la capital del país y la Zona Metropolitana del Valle de México, generando un rechazo creciente entre la población. De acuerdo con una encuesta de QM Estudios de Opinión, el 78% de los ciudadanos desaprueba las acciones de esta agrupación magisterial, que mantiene tomadas plazas públicas, avenidas clave y accesos a instalaciones estratégicas, como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Las manifestaciones, que comenzaron como un reclamo por la derogación de la reforma de 2007 a la Ley del ISSSTE y la exigencia de un blindaje político para su estructura sindical, han escalado hasta convertirse en un factor de inmovilidad social. Llegar a las terminales 1 y 2 del aeropuerto, por ejemplo, puede significar una caminata de varios kilómetros para viajeros, empleados y ciudadanos que se han visto obligados a sortear los bloqueos con recursos propios.

Incluso la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum —quien en días recientes ha expresado disposición para atender varias de las demandas del magisterio disidente— se vio alterada por la presión de los manifestantes. Los profesores bloquearon los accesos a Palacio Nacional, lo que obligó a una reprogramación logística del evento presidencial, hecho que fue interpretado por diversos sectores como una muestra de fuerza y desafío por parte de la CNTE.

Rechazo ciudadano ante el caos

La encuesta realizada el 22 de mayo por QM Estudios de Opinión, mediante 622 llamadas efectivas a ciudadanos mayores de 18 años residentes en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, revela un malestar generalizado con las tácticas de presión de la CNTE. Con un margen de error de +/- 3.91 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%, los resultados indican que más de tres cuartas partes de la población perciben negativamente los bloqueos y señalan que el gremio magisterial “solo sabe presionar con protestas”.

La ciudadanía afectada acusa a los manifestantes de utilizar el caos como herramienta para recuperar privilegios, más que para lograr verdaderas mejoras en el sistema educativo. Entre las críticas más comunes destaca la inconformidad por el uso político del espacio público y la reiterada agresión a representantes de la prensa, quienes han denunciado incidentes mientras cubren las movilizaciones.

“Ya no se trata de una lucha legítima, sino de una ocupación violenta de la ciudad”, comentó una usuaria entrevistada en las inmediaciones del AICM, donde cientos de pasajeros han tenido que caminar largas distancias para llegar a tiempo a sus vuelos. “¿Dónde queda nuestro derecho a transitar libremente? Esta no es una solución, es una imposición”.

Efectos colaterales y presión política

El impacto de estas movilizaciones no se limita al tráfico vehicular: también ha afectado actividades económicas, escolares y gubernamentales. Comerciantes establecidos en las inmediaciones de las plazas ocupadas reportan bajas en sus ingresos, mientras que padres de familia denuncian afectaciones indirectas en las escuelas de sus hijos, debido a la participación de docentes en paro.

A pesar de que el gobierno federal ha mostrado disposición para negociar, la estrategia de presión continua ha elevado el tono del conflicto, colocando a la administración de Sheinbaum en una posición compleja: por un lado, se busca evitar una confrontación directa con una agrupación históricamente beligerante; por otro, se enfrenta a una ciudadanía que exige orden, legalidad y respeto a sus derechos.

¿Solución a la vista?

Hasta ahora, las negociaciones entre la CNTE y autoridades federales y locales han mostrado pocos avances sustantivos. Mientras tanto, la ciudadanía espera una solución que ponga fin al colapso vial y al uso del espacio público como rehén de intereses sindicales.

Organismos de la sociedad civil y cámaras empresariales han comenzado a emitir comunicados exhortando al diálogo, pero también a la aplicación de la ley. “El derecho a la manifestación no puede estar por encima del derecho al libre tránsito ni convertirse en un instrumento para paralizar una ciudad entera”, señaló el Consejo de Comerciantes del Centro Histórico en un mensaje difundido esta mañana.

Lo cierto es que la crisis detonada por la CNTE no solo ha abierto un nuevo frente para el gobierno de Sheinbaum, sino que también ha expuesto la fragilidad institucional frente a movimientos que, bajo el amparo de causas históricas, mantienen prácticas profundamente cuestionadas por la ciudadanía actual.