Las fuerzas de seguridad en Sinaloa detuvieron a cuatro individuos presuntamente vinculados con la privación de la libertad de diez mineros de la compañía canadiense Vizsla Silver.
El secuestro, ocurrido el pasado 23 de enero, detonó una serie de operativos que resultaron en el aseguramiento de armamento de alto poder y la localización de objetos personales de las víctimas en los municipios de Mazatlán y Concordia.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal detalló que las capturas se realizaron en dos acciones distintas. La tarde del 3 de febrero, en el poblado El Verde, Concordia, las autoridades detuvieron a dos civiles en posesión de dos fusiles AK-47, ocho cargadores, 240 cartuchos y chalecos tácticos.
En una intervención posterior, otros dos sujetos fueron arrestados con un fusil SCAR Multi-Caliber y una pistola Glock 22.
Hallazgos en cateos y rastro de las víctimas
La fiscal general de Sinaloa, Claudia Sánchez Kondo, informó sobre la ejecución de cinco cateos donde se recuperaron artículos de los trabajadores mineros desaparecidos. Entre los objetos asegurados destacan identificaciones oficiales, tres teléfonos móviles y una computadora portátil.
“Se han localizado tarjetas de identificaciones, por eso se tiene la certeza de que son las personas que están ahorita privadas de la libertad”, afirmó Sánchez Kondo ante medios locales.
Los indicios refuerzan la línea de investigación sobre el paradero de los diez mineros, en un caso que ha escalado a la agenda de seguridad nacional.
Contexto de violencia y control territorial
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, vinculó el caso de los mineros con la operación de una célula de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.
García Harfuch aseveró previamente que el Gobierno de México “no va a parar” hasta la localización de los empleados. Cabe recordar que dicha organización criminal recibió la designación de grupo terrorista por parte de Estados Unidos el año pasado.
La desaparición de estos mineros se suma a la crisis de personas no localizadas en el país, cifra que afecta a 133,000 familias según registros de organismos internacionales y colectivos de búsqueda.
Sinaloa, pese a su relevancia en la producción de minerales, enfrenta una persistente inseguridad que impacta directamente a la industria extractiva y a las comunidades asentadas en las zonas de conflicto.
RB
