La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la detención de 22 personas presuntamente vinculadas al secuestro y desaparición de una familia originaria del Estado de México. Los hechos delictivos ocurrieron a inicios de febrero en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, lugar donde las cuatro víctimas fueron vistas por última vez.
De acuerdo con las autoridades federales, del total de los capturados hasta el momento, se ha identificado que nueve de ellos tuvieron una participación directa en los acontecimientos.
Detienen a informante clave de una célula delictiva
En un comunicado conjunto emitido por distintas agencias de seguridad se detalló el despliegue de equipos de investigación especializados en la región. La acción operativa más reciente se ejecutó el pasado 12 de mayo en Mazatlán, logrando la captura de Jesús Valentín ‘N’.
Este sujeto fue identificado formalmente como la persona que proporcionó información detallada sobre las víctimas y la ruta que seguían, facilitando que fueran interceptados por integrantes de una célula delictiva local. Al momento de su detención, los agentes le aseguraron dosis de droga, un arma de fuego corta, dinero en efectivo y diversos equipos de comunicación.
Como parte de estas indagatorias, las fuerzas de seguridad han ejecutado siete revisiones en inmuebles relacionados directamente con la organización criminal responsable. Derivado de estos cateos y detenciones, las autoridades han logrado el decomiso de 20 armas de fuego, entre las que destaca un fusil Barrett, cargadores, cartuchos, más de 3,000 dosis de droga, nueve vehículos, dinero en efectivo, equipo táctico, de radio comunicación y telefonía. En los operativos de investigación y búsqueda participan la Defensa Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional.
Exigen intervención de la ONU ante crisis de desapariciones
De manera paralela a este caso, colectivos y organizaciones nacionales e internacionales han elevado sus demandas para que el Gobierno de México acepte un mayor acompañamiento y escrutinio internacional frente a la problemática de seguridad. El pasado jueves, más de 80 colectivos de búsqueda enviaron una carta formal al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, solicitando con urgencia que la situación de México sea presentada ante la Asamblea General del organismo.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió en un informe reciente que el país enfrenta una crisis de desapariciones e identificación forense de forma simultánea.
Los datos señalan que existen más de 70,000 cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado, mientras que la cifra de personas desaparecidas rebasaba las 128,000 hasta julio de 2025, acumulando más de 133,000 casos a la fecha. Este reporte coincide con las acciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, el cual analiza elevar el caso mexicano ante la Asamblea General bajo la consideración de que las desapariciones en el territorio podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
