La Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo 16 órdenes de aprehensión contra exservidores públicos vinculados con el operativo policial en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen.
Entre las órdenes judiciales destaca el emitido en contra del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, a quien se le imputan los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura por los hechos registrados el 5 de abril de 2017.
La lista de señalados incluye a Juan Bernardo Corona Martínez, quien fuera titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante la administración de Silvano Aureoles, así como a 14 elementos de la policía estatal que participaron en la incursión armada.
Bajo la conducción de Carlos Torres Piña, la Fiscalía de Michoacán presentó los elementos probatorios que acreditan la probable responsabilidad de los señalados en la muerte de cuatro comuneros y las lesiones provocadas a una decena de habitantes.
El saldo de la incursión en Arantepacua
A nueve años de distancia, la intervención en Arantepacua permanece como uno de los episodios de mayor violencia institucional de la entidad.
De acuerdo con las investigaciones y la recomendación emitida en su momento por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el operativo derivó en cuatro ejecuciones extrajudiciales, al menos 10 casos de tortura documentados y 38 detenciones arbitrarias.
El conflicto tuvo su origen público en la retención de vehículos de empresas privadas por parte de los pobladores. No obstante, el trasfondo de la tensión radicaba en una disputa territorial por zonas boscosas entre las comunidades de Arantepacua y Capacuaro.
La madrugada del 5 de abril, las fuerzas de seguridad ingresaron a la localidad de manera violenta, lo que desató un enfrentamiento con saldos letales para la población civil.
¿Quién es Silvano Aureoles y cuáles son sus procesos vigentes?
La orden de captura por el caso Arantepacua se suma al historial judicial de Silvano Aureoles, quien gobernó Michoacán en el periodo 2015-2021.
El político ya enfrentaba un proceso a nivel federal por un presunto desfalco de 3,142 millones de pesos. Dicho expediente se relaciona con la simulación de contratos de arrendamiento para la construcción de siete cuarteles de la policía estatal durante su gestión.
Actualmente, Silvano Aureoles es considerado prófugo de la justicia, condición en la que se encuentra desde el año pasado tras la intensificación de las investigaciones por corrupción y desvío de recursos públicos.
Con este nuevo mandamiento judicial, el exmandatario acumula cargos por crímenes de lesa humanidad, lo que endurece su situación legal frente a las autoridades estatales y federales.
RB
