La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó sobre los avances en la situación jurídica del periodista de nota roja Rafael “Lafita” León, detenido en Coatzacoalcos el 24 de diciembre.
Tras la audiencia de continuación, el juez de control del Distrito Judicial de Coatzacoalcos retiró la imputación original por terrorismo y dictó vinculación a proceso por otros delitos.
De acuerdo con la FGE, el juzgador valoró los datos de prueba presentados y resolvió continuar el proceso bajo nuevas figuras penales.
La institución señaló que su actuación se apega al debido proceso y que se respeta la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
Delitos imputados y medida cautelar
El juez vinculó a proceso a Rafael “N” por encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.
Con esta resolución quedó descartado el cargo de terrorismo, el cual implicaba una pena mayor y prisión preventiva oficiosa.
Como medida cautelar, se impuso prisión domiciliaria por un año. La Fiscalía indicó que el procedimiento seguirá conforme a los plazos legales y bajo una investigación profesional y transparente.
Posturas públicas y observaciones al caso
Previo a la resolución, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el uso de la figura de terrorismo en este expediente.
“No sé por qué la Fiscalía usa el delito de terrorismo (…). No ha habido una acusación por terrorismo en México, yo creo que nunca. Tiene que explicar por qué usa este delito”, declaró.
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En el ámbito local, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, expresó la necesidad de revisar el Código Penal respecto a dicho tipo penal y coincidió en que su aplicación resultaba inadecuada para el caso del comunicador, antecedente que precedió a la nueva vinculación.
Preocupa a Artículo 19 caso Rafael “Lafita” León
Rafael León Segovia fue detenido el 24 de diciembre de 2025 por agentes de la Policía Ministerial, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Organizaciones como Artículo 19 manifestaron preocupación por un posible uso del sistema penal contra la labor informativa.
Tras la audiencia, la organización sostuvo que la vinculación y el resguardo domiciliario mantienen restricciones a la libertad del periodista y señaló “múltiples inconsistencias, falta de argumentos e irregularidades” durante la diligencia.


