El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) alzó la voz ante las deficiencias que persisten en las unidades de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Durante la conmemoración del medio siglo del organismo corporativo, José Medina Mora, presidente del CCE, remarcó que las empresas entregan puntualmente sus cuotas financieras, por lo que resulta indispensable que los trabajadores reciban una asistencia médica con estándares adecuados, insumos completos y tiempos de respuesta razonables.
Cancelación de cirugías y escasez de fármacos
- Entre las denuncias expuestas destaca la interrupción constante en los procedimientos médicos programados. Pacientes con largos meses en lista de espera sufren la postergación de sus intervenciones a minutos de ingresar a quirófano por la carencia repentina de herramientas o instrumental especializado.
- Sumado a las complicaciones en las áreas quirúrgicas, el desabasto de medicamentos que se arrastra desde ejercicios -detectados desde el 2028- obliga a las familias a costear sus propios tratamientos en el sector privado, que no solo merma los ingresos de la clase trabajadora, sino que disminuye la productividad operativa de las unidades productivas en el país.
Ante tal panorama, la representación empresarial urgió a reforzar la prevención de padecimientos desde las fuentes de empleo en coordinación con las autoridades sanitarias y mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en el Seguro Social.
Movilizaciones internas y postura gubernamental
El descontento del sector privado coincide con protestas y manifestaciones del propio personal médico y administrativo de la institución. Al respecto, el Ejecutivo federal reconoció la validez de las solicitudes laborales y confirmó la búsqueda de diálogo con la dirección general del Seguro Social para solventar los inconvenientes presupuestales y operativos que limitan su correcto funcionamiento.
En el encuentro con medios, el empresariado también advirtió que la certidumbre económica requiere estabilidad institucional. Por ello, solicitaron cautela respecto a las reformas en el sistema judicial, sugiriendo esquemas de evaluación técnica obligatorios para quienes aspiren a impartir justicia, factor considerado clave para resguardar las inversiones en territorio nacional.
