Centralización de datos biométricos: espionaje, control y violación de derechos.

Centralización de datos biométricos: espionaje, control y violación de derechos.


Por Marco Antonio Mendoza Bustamante
La seguridad pública no debe ser utilizada como pretexto para erosionar las libertades individuales y los derechos humanos
La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para centralizar el uso de datos biométricos de la población es un retroceso en cuanto a la protección de los derechos individuales y la transparencia gubernamental. La iniciativa, que en principio podría parecer una solución moderna y eficiente para la gestión de la seguridad pública y particularmente para atender la grave crisis en materia de personas desaparecidas, oculta numerosos peligros y riesgos que no deben ser subestimados.
El uso de datos biométricos, que incluye información personal como huellas dactilares, reconocimiento facial y patrones de voz, es extremadamente sensible, ya que, por su naturaleza, son datos únicos para cada persona, lo que les otorga un carácter de privacidad esencial. La centralización esta información en un solo organismo gubernamental implica una invasión sin precedentes a la privacidad de los ciudadanos. La acumulación de esta información en una base de datos centralizada representa un potencial abuso de poder por parte del Estado, que podría utilizar estos datos para fines que van más allá de la simple protección de la seguridad pública, sobre todo, considerando que el organismo autónomo encargado por velar por la privacidad, el INAI, fue desaparecido por la mayoría legislativa de Morena.
La centralización de datos biométricos también plantea serios riesgos de seguridad. Una base de datos centralizada se convierte en un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes. La historia ha demostrado que ninguna base de datos es completamente segura contra el acceso no autorizado. Los ataques cibernéticos a infraestructuras críticas son una realidad tangible y la eventual obtención de datos biométricos por intereses extranjeros e incluso delincuenciales podría tener consecuencias devastadoras, incluyendo el robo de identidad y el fraude.
La propuesta de la presidenta Sheinbaum carece de una clara estructura de transparencia y responsabilidad en el manejo de los datos biométricos. El acceso a esta información por parte de las autoridades debe estar estrictamente regulado y monitoreado para evitar abusos. Sin embargo, la centralización y el control por parte de un solo organismo aumenta la posibilidad de corrupción y mal uso de los datos, ya que centraliza el poder sin ofrecer garantías adecuadas de supervisión externa e independiente.
Esta iniciativa, esconde una oscura intención por ejercer un control extremo de la ciudadanía, toda vez que claro que la implementación de esta reforma tendrá un impacto negativo en los derechos humanos. La vigilancia masiva y la recolección de datos biométricos representan una forma de control social que puede ser utilizada para reprimir la disidencia y limitar las libertades civiles. La historia reciente en diversos países ha mostrado cómo la vigilancia estatal puede ser empleada para perseguir a activistas, periodistas y opositores políticos. México no debería seguir esta tendencia, sino más bien fortalecer los mecanismos de protección de derechos y transparencia.
En lugar de centralizar los datos biométricos, México debería explorar alternativas que equilibren la necesidad de seguridad con la protección de los derechos individuales. La descentralización de los datos, junto con una robusta encriptación y políticas de acceso restringido, podría ofrecer una solución más equilibrada. Lamentablemente, México ha perdido la capacidad instalada para hacer realidad un proyecto de esta magnitud tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) organismo autónomo que era el encargado de garantizar que cualquier uso de datos biométricos sea transparente, ético y sujeto a la supervisión adecuada.
La seguridad pública no debe ser utilizada como pretexto para erosionar las libertades individuales y los derechos humanos.

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