Las Fuerzas Militares movilizaron a sus efectivos hacia el sector rural del departamento del Guaviare, en el sureste de Colombia, debido a los enfrentamientos armados entre dos facciones disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Combates responden al control de los recursos económicos derivados de las rutas de producción y distribución de narcóticos en la demarcación.
Esta escalada en el conflicto interno coincide con la recta final del proceso electoral. El país suramericano registra un repunte en los indicadores de violencia a solo cuatro días de que los ciudadanos acudan a las urnas para la primera vuelta de los comicios presidenciales, un ejercicio democrático que definirá la sucesión del mandatario Gustavo Petro.

Disputa territorial y opacidad en el registro de bajas
Las hostilidades bilaterales iniciaron el pasado lunes en el municipio de San José del Guaviare, una zona caracterizada por la densidad de cultivos de hoja de coca y por ser el núcleo originario de los mandos que rechazaron el acuerdo de paz firmado en el año 2016.
La confrontación directa involucra a las estructuras criminales comandadas por los líderes insurgentes conocidos bajo los alias de Iván Mordisco y Calarcá.
Respecto a las causas y consecuencias de los tiroteos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, detalló a través de la red social X que el “crudo enfrentamiento” generó “múltiples víctimas fatales”. Asimismo, el funcionario del gabinete atribuyó las bajas a “disputas de narcotráfico, extorsión y otras economías ilícitas”.
A pesar de la respuesta ministerial y el envío de tropas de infantería para resguardar a los habitantes de las comunidades rurales, las agencias de seguridad del Estado todavía no difunden un balance oficial con el número exacto de fallecidos o heridos en los puntos de conflicto.
El impacto del conflicto armado en la sucesión de Gustavo Petro
La administración de Petro centró su estrategia de seguridad en el programa denominado “paz total”, el cual buscó entablar mesas de negociación simultáneas con la totalidad de las organizaciones delincuenciales y guerrilleras del territorio nacional.
A tres meses del término del periodo constitucional de la presidencia, los diálogos institucionales carecen de resoluciones definitivas de pacificación, lo que motivó cuestionamientos por parte de las plataformas de oposición parlamentaria.

