Con una inversión pública de 32.7 millones de pesos, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de 40 departamentos de vivienda social en el predio Cacama 84, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, en beneficio de cerca de 200 personas.
Durante el evento, Brugada Molina afirmó que esta entrega representa una promesa cumplida y un paso firme hacia el derecho humano a la vivienda digna y adecuada. “Cada llave que hoy se entrega abre una puerta a un futuro con derechos… estos departamentos son una grieta al muro de desigualdad que se tiene en la ciudad”, expresó.
Los departamentos, de 54 y 64 metros cuadrados, fueron construidos en un terreno de 700 metros cuadrados, con 3,500 metros de edificación, y su costo no rebasa los 800 mil pesos, menos de la mitad del valor comercial en la zona. Las familias beneficiarias accedieron a ellos con apoyo del Instituto de Vivienda (INVI) y podrán cubrirlos mediante pagos mensuales.
Brugada destacó que este modelo de producción social de vivienda, en cogestión con organizaciones populares, permite construir viviendas económicas en puntos estratégicos de la ciudad, evitando la expulsión de familias a las periferias. Señaló que 53% de los jóvenes entre 25 y 35 años aún viven con sus familias por falta de acceso a vivienda, y que más del 50% de los ingresos de los sectores vulnerables se destinan a rentas.
La mandataria capitalina recordó que su administración duplicó el presupuesto para vivienda, con una asignación de 9 mil millones de pesos, y una meta sexenal de 200 mil acciones de vivienda. Este año se entregarán 30 mil acciones, entre mejoramiento y vivienda nueva, además de mil 200 unidades habitacionales que recibirán recursos públicos para rehabilitación.
También destacó el impulso al Bando 1, que contempla 14 acciones para garantizar vivienda con arraigo local, incluyendo la construcción de una ley de rentas justas, el fortalecimiento de la legislación vigente y la creación de una Defensoría de los Derechos Inquilinarios.
Por su parte, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, subrayó que este conjunto habitacional representa la culminación de un proceso de organización ciudadana y trabajo cooperativo, y reafirmó que “el derecho a la vivienda no puede verse como un negocio… la ciudad no es una mercancía, es un lugar para vivir con dignidad”.
Muñoz recordó que entre 2012 y 2018 se redujo la inversión en vivienda social, lo que provocó la expulsión de más de 30 mil familias al año. Aseguró que el gobierno actual ha revertido esa tendencia y que en 2025 se entregarán 6 mil viviendas nuevas, garantizando el derecho a permanecer en la ciudad