EL PAÍS reconstruye con entrevistas a trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de tribunales colegiados cómo funciona la nueva estructura con los juzgadores elegidos en las urnas. Recoge decenas de denuncias de despidos injustificados, maltrato laboral y órdenes de no acercarse a los medios ni al tribunal de disciplina judicial para denunciar esos abusos. La intención, empezar desde cero anulando decisiones, jurisprudencia y tradiciones.
A los trabajadores entrevistados, quienes llevan ya varias administraciones de la Corte, les preocupa la urgencia de los nuevos ministros para cambiar las antiguas decisiones sin apenas discusión. “Está dominando una ideología muy palingenésica de ‘vamos a deshacer todo y empezar desde cero’, sin realmente pensar, ‘bueno, tal vez, esto sí estaba bien”, señala una trabajadora.
El primer día se echó abajo el criterio sobre el nuevo acto legislativo y esta semana se buscó desechar otros sobre el derecho a la consulta. Eso llevó incluso al ministro Giovanni Figueroa a pedir prudencia en una sesión: “Estimo que esta nueva integración de la Suprema Corte no debería tener prisa para abandonar criterios longevos (…) Considero que también deberíamos de darnos tiempo de aquilatar la experiencia acumulada en décadas de nuestros predecesores”.
“Hay ministros que llegaron a correr a toda su gente”, señala una fuente de la SCJN a El PAÍS . “A muchas personas les pidieron su renuncia por haber tenido un perfil muy público en las protestas contra la reforma”, añade otra. Todos los trabajadores que han hablado con EL PAÍS han pedido anonimato por temor a represalias.
“El aviso fue expreso: no hablen. Fue una instrucción verbal, porque obviamente no pueden dejar nota de eso”. Los empleados resaltan además un “monitoreo fuerte” de sus redes sociales. “Hubo una primera depuración de muchos perfiles porque trabajaron en alguna ocasión para la ministra Norma Piña o para el ministro Luis María Aguilar, o porque sí eran muy vocales en redes sociales”, añade una trabajadora: “Sabemos que estamos vigilados. Las cámaras tienen sonido. Es difícil hablar ahí dentro”.
La salida, agrega el artículo, voluntaria o forzada de tantos puestos técnicos de la Corte se ha traducido en una sobrecarga de trabajo para los que se quedaron. Los empleados están doblando horas. También porque desde la Corte hay una “preocupación para que se note que los ministros actuales trabajan más que los anteriores”. Eso ha obstaculizado el teletrabajo, que ha tenido como consecuencia directa ver niños corriendo por los pasillos de la Corte, porque ha cerrado ya la guardería del edificio y sus madres siguen trabajando.
“Desde dentro sí supimos qué pasó con los 76 asesores de Hugo: al pasar de 11 a 9 ministros, había gente vacante, él la absorbió y después la redistribuye para no dejar a esas personas sin trabajo”, señala una empleada. “Esas críticas lo único que hacen es poner en peligro a la gente de carrera judicial”, apostilla otro, “porque los ministros corren a los que no son de su equipo”.
El diario español recuerda que hace ya más de un mes que el Poder Judicial mexicano fue derrumbado y que otro se está rearmando en su lugar, de ese proceso de cambio, que involucra a cientos de tribunales y miles de cargos de los que depende la justicia en México, se sabe poco.
“Las noticias aparecen fragmentadas: se viralizan algunas equivocaciones de nuevos ministros, magistrados y jueces, se discute en redes sociales sobre los metros cuadrados que tiene el despacho de Lenia Batres o se critica el número de asesores de Hugo Aguilar”.
“Las cosas que preocupan no son las que se están discutiendo en la conversación nacional. Si tal o cual ministro tiene 70 asesores es en realidad una tontería”, apunta un trabajador del alto tribunal. Empleados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Órgano de Administración Judicial (OAJ) y de tribunales colegiados definen esta etapa como un caos administrativo y judicial.
Con una decena de entrevistas, asegura EL PAÍS, desde dentro del Poder Judicial federal pudieron averiguar cómo están funcionando algunas de las principales instancias de justicia de México tras la irrupción de los juzgadores electos, con depuración de perfiles críticos y desbandada de personal técnico, sin una estrategia general y también con una nueva obsesión por el escrutinio público.
Se explica que el 1 de junio salieron a la boleta 800 cargos del Poder Judicial federal. Desde que tomaron posesión, los reflectores han estado concentrados en sólo nueve de ellos, los ministros de la Suprema Corte. Los comentarios pasarón de la toga bordada del presidente Hugo Aguilar y su bienvenida en mixteco, al sueldo de los ministros, hasta las últimas polémicas por el número de asesores.
Todos los entrevistados resaltan que el nuevo funcionamiento —sin salas, solo con pleno— obliga a los equipos y sus ministros a revisar 15 proyectos cada día sin apenas antelación.
Esto, unido a la falta de experiencia de la mayoría, ha orillado a que muchos integrantes discutan y resuelvan sobre asuntos que apenas han leído, avisan los empleados, y en consecuencia se cuelguen de votos de los otros.
Además, que esté todo televisado en directo ha provocado que los ministros prefieran “hacer su speech, aunque sea sobre cosas que nada tienen que ver»: “Pasa que uno habla de una cosa y otro de otra, no hay interlocución. Y eso que los asuntos que han estado complicados los han quitado”.