Durante el Encuentro Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), realizado en Tijuana, Baja California, el presidente del organismo, Juan José Sierra Álvarez, señaló que el incremento de la extorsión refleja la falta de presencia institucional en diversas regiones del país.
Afirmó que la ausencia de autoridades permitió que grupos delictivos ocupen espacios que “jamás debieron perderse”.
Sierra Álvarez sostuvo que la extorsión dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una “estructura de control económico y político que define la vida en demasiados territorios y sectores económicos”.
En su posicionamiento, expuso que este delito afecta directamente al sector productivo, al grado de que “tiene de rodillas a miles de empresarios en el país”.
De acuerdo con los registros del organismo, hasta este momento del 2025 se contabilizaron 8 mil 585 víctimas, equivalente a un incremento de 5.2%, con una mayor incidencia en la zona fronteriza. Indicó que las cifras podrían ser más elevadas debido a los casos que no se denuncian por temor a represalias o por desconfianza hacia las autoridades.
Impactos económicos y sociales del delito
El dirigente empresarial explicó que la extorsión altera el funcionamiento de las economías locales, limita la actividad comercial y expulsa población. Mencionó que esta práctica “destruye empleos, vacía comunidades, distorsiona mercados y provoca una migración silenciosa y forzada”.
Agregó que el repunte en este delito constituye la “evidencia más dura de la falla institucional”, pues sin presencia del Estado, ni justicia ni protección, no es posible garantizar condiciones de libertad económica ni convivencia social.
Sierra Álvarez expresó que ningún grupo debe sustituir al Estado en la toma de decisiones que afectan a la vida económica de los territorios. Advirtió que en algunas regiones, los delincuentes definen “quién trabaja, quién invierte, quién abre, quién cierra y quién se va”, lo que compromete la estabilidad de los negocios y la continuidad de las actividades productivas.
Llamado a una estrategia nacional
Frente a este panorama, el presidente de Coparmex pidió que las autoridades de los tres niveles de gobierno asuman de manera inmediata medidas coordinadas contra la extorsión. Exhortó al gobierno federal a encabezar una estrategia nacional que permita contener y reducir el delito.
Solicitó también que los congresos y las autoridades locales armonicen leyes, asignen recursos suficientes y fortalezcan a las instituciones de seguridad. Además, insistió en que los gobiernos estatales y municipales deben profesionalizar y consolidar a sus corporaciones policiales.
Sierra Álvarez urgió al Senado a avanzar en la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión, iniciativa que —expuso— permitiría contar con un marco legal uniforme en todo el país.
RB