Dictan sentencia sumaria en Estados Unidos tras no encontrar pruebas de corrupción, lavado de dinero ni propiedades ilegales.
Una Corte del Estado de Texas desestimó este martes la denuncia presentada por el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado —quien firmó como ciudadano estadounidense— y por el propio Gobierno del Estado de Chihuahua, en contra de César Duarte Jáquez. En dicha denuncia se le acusaba de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, lavado de dinero y desvío de fondos públicos para adquirir más de 50 propiedades en Estados Unidos, supuestamente compradas con recursos destinados a la compra de medicamentos para cáncer infantil.
Tras más de cinco años de investigaciones exhaustivas por parte del FBI, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Corte concluyó que no existe una sola prueba que sustente las acusaciones. La investigación incluyó la revisión de bienes, cuentas bancarias, vehículos, empresas y acciones en todo el territorio norteamericano, sin encontrar evidencia incriminatoria.
La causa, registrada bajo el número 2020 DCV0628, concluyó con una sentencia sumaria a favor de César Duarte, lo que significa que, ante la falta total de pruebas por parte de los denunciantes, no fue necesario llegar a juicio.
“Se confirma lo que siempre dijimos: esta fue una persecución política disfrazada de justicia. Y tendrá consecuencias.” — César Duarte
Cabe recordar que en su momento, el Gobierno de Corral afirmó ante medios que ya se habían identificado más de 50 propiedades en Estados Unidos a nombre de Duarte y que se había contratado un prestigiado despacho de abogados, al cual se le pagaría el 30% de lo recuperado. Nada de esto fue comprobado ante la Corte.
La resolución no solo representa un revés judicial para Javier Corral, sino un duro golpe a la narrativa de la llamada “Operación Justicia para Chihuahua”, hoy desacreditada por la justicia norteamericana. El equipo legal de Duarte ya prepara acciones legales contra Corral en Estados Unidos por daños morales, perjuicios y gastos legales. En la propia resolución, ya publicada por la corte, se abre la puerta para que Javier Corral pague los gastos legales derivados de este juicio.
La gran pregunta ahora es: ¿Se atreverán Corral y sus allegados a cuestionar la decisión de la Corte de Texas, del FBI y del Departamento de Justicia de Estados Unidos? ¿A quién acusarán de complicidad y corrupción ahora?