En una sentencia que redefine el equilibrio de poderes en Washington, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó este viernes que la administración de Donald Trump incurrió en una extralimitación de facultades de emergencia.
El fallo, aprobado con una mayoría de 6-3, invalida gran parte de la estructura de aranceles impuesta bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, instrumento central de la política comercial del republicano en su segundo mandato.
El presidente del Tribunal, John Roberts, redactó la opinión de la mayoría donde se establece que el Ejecutivo no posee facultades inherentes en tiempos de paz para dictar este tipo de gravámenes.
La resolución sostiene que el uso de la IEEPA, tal como lo aplicó la Casa Blanca, representaría una delegación excesiva del poder tributario, una responsabilidad que la Constitución de Estados Unidos reserva exclusivamente al Congreso.
El Alto Tribunal enfatizó que, en términos jurídicos, los gravámenes a la importación constituyen un impuesto directo a los ciudadanos.
Impacto en los gravámenes a México y el comercio global
La decisión judicial afecta directamente medidas clave de la agenda externa estadounidense.
Entre las tarifas invalidadas se encuentra el arancel global base del 10 % y los gravámenes “recíprocos” aplicados a socios estratégicos. Destaca también la anulación de los aranceles adicionales del 25 % que se impusieron a México y Canadá como mecanismo de presión para detener el flujo de fentanilo.
Bajo este dictamen, también quedan sin sustento legal las represalias arancelarias del 50 % aplicadas contra Brasil y la India.
Asimismo, se ve afectada la suspensión de la exención para envíos de minimis, una medida que impactó severamente al sector del comercio electrónico global al gravar mercancías de escaso valor que anteriormente ingresaban libres de impuestos.
Dilema financiero: El reembolso de 240 mil millones de dólares
A pesar de que el fallo no impide al presidente buscar otras vías legales para imponer impuestos a la importación, la viabilidad de mantener el esquema actual es incierta.
El escenario se complica ante la posibilidad de que las empresas importadoras exijan la devolución de las cantidades pagadas. Cifras de la propia Administración indican que, desde abril de 2025, el cobro por estos conceptos asciende a unos 240,000 millones de dólares.
“Sería prácticamente imposible devolver las cantidades cobradas a los importadores”, reconoció el mandatario antes de conocerse el fallo definitivo, calificando la posibilidad de una sentencia adversa como “muy decepcionante”.
Aunque los magistrados conservadores Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh emitieron votos particulares a favor de la autoridad presidencial en política exterior, la decisión de la mayoría obliga a un replanteamiento total de la estrategia fiscal fronteriza.
Mientras funcionarios de la Casa Blanca buscan normas alternativas para sostener los aranceles, el sistema judicial estadounidense ha dejado claro que la emergencia económica no es un cheque en blanco para alterar el régimen tributario del país.
RB
