La intensa disputa en torno a los denominados “maxipoderes” en el Instituto Nacional Electoral (INE) ha desencadenado una severa crisis institucional que ha puesto a prueba la estabilidad de la democracia mexicana.
De acuerdo con diversos análisis, esta estructura rígida y centralizada ha fracturado la confianza interna del organismo, ya que el ejercicio de estas prerrogativas por parte de la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei (acusada de cometer diversas irregularidades administrativas y delitos federales vinculados a la asignación de contratos millonarios, así como nepotismo) debilitó el consenso institucional al imposibilitar la construcción de pactos plurales lo que derivó en una parálisis operativa, desacuerdos públicos e incertidumbre normativa, lo cual afectó de forma directa el funcionamiento administrativo del árbitro electoral en momentos cruciales para el país de cara a los comicios del 2027 y los venideros.
En términos concretos, en octubre de 2024, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados partidistas aprobaron en la Cámara de Diputados una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para otorgar dichas facultades clave denominadas como “maxipoderes”:
- Designación directa de mandos clave: Capacidad de nombrar libremente a los titulares de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas sin requerir la aprobación por mayoría cualificada de ocho votos del Consejo General.
- Control administrativo y presupuestal: Mayor autonomía unilateral para gestionar los recursos, el presupuesto interno y las políticas operativas del organismo sin pasar por el filtro colegiado.
- Marginalización de las comisiones: Reducción de la influencia de los demás consejeros en la estructuración de la Junta General Ejecutiva y en la supervisión de las áreas clave.
Rescate y reestructuración del organismo
Diversos especialistas en derecho constitucional y gobernanza electoral han advertido que el desmantelamiento de los “maxipoderes” es la condición básica para garantizar la viabilidad futura del sistema electoral. La prolongación de este esquema autorregulado únicamente profundizará la polarización y entorpecerá la logística necesaria para organizar elecciones transparentes y eficientes. Por ello, instan al Congreso de la Unión y a las propias instancias judiciales competentes a revisar urgentemente los decretos y reglamentos que permitieron esta hipertrofia de facultades en la presidencia.
De igual forma han señalado que la fuerza del instituto no radica en la voluntad individual de una sola figura, sino en la solidez de sus debates colectivos y en la pluralidad de sus integrantes. Acotar el margen discrecional de la presidencia reactivará la cooperación interna, asegurando que el árbitro mantenga la credibilidad, efectividad y solidez democrática que la sociedad demanda.
Postura interna de la consejera Carla Humphrey
Ante el deterioro persistente en la dinámica de trabajo de la mesa directiva, voces contundentes dentro del propio Consejo General han alzado la voz para exigir un alto definitivo a este modelo unipersonal. La consejera electoral Carla Humphrey ha liderado las peticiones para su erradicación mediante ajustes legales y normativos que devuelvan el contrapeso a las once consejerías. Su propuesta enfatiza que ningún nombramiento ni decisión financiera clave debe realizarse de manera discrecional o al margen del debate plural.
Para la consejera Humphrey y los sectores colegiados que respaldan esta postura, el rescate de la autonomía e imparcialidad del instituto pasa necesariamente por reinstaurar el diálogo horizontal. La toma de decisiones compartida no solo garantiza una fiscalización efectiva del ejercicio público, sino que también protege a la institución frente a señalamientos de sesgo político o presiones externas. Restablecer el equilibrio de fuerzas es interpretado como un paso indispensable para consolidar un frente unido que salvaguarde los procesos democráticos frente a la ciudadanía y las fuerzas políticas.
