
Cuatro mujeres desaparecen en México todos los días, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas
Desde 2022, en México desaparecen en promedio cuatro mujeres cada día, el acumulado de este promedio supera actualmente las 30 mil mujeres, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Para mayo del 2022, México superó las 100 mil personas desaparecidas. Entonces había 24 mil 771 mujeres desaparecidas. En menos de tres años otras 5 mil 260 mujeres desaparecieron y las entidades donde con mayores registros de desaparición eran: Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Veracruz.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), cuyas cifras datan desde 1964 al el 30 de julio de 2025, evidencia la permanencia de una crisis que no ha sido contenida. Las desapariciones de mujeres ocurren en un contexto diferenciado por razones de género. Aunque, en términos numéricos, desaparecen menos mujeres que hombres, son ellas quienes tienen menos probabilidades de ser localizadas. La mayoría de las desaparecidas son víctimas de redes de trata y explotación sexual.
De las 32 entidades de la república mexicana, son 10 estados en donde desaparecen más mujeres que hombres: Estado de México, Tabasco, Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Yucatán, Puebla y Tlaxcala.

En lugares como Chiapas, entidades persiste la impunidad y la ausencia de resultados contundente, la violencia impacta de manera particular a mujeres indígenas en condiciones de vulnerabilidad, generando incluso desplazamientos forzados masivos en regiones como Altos, Norte, Frailesca y Sierra Mariscal. El informe “Chiapas es un desastre” (2023), del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), se advierte que el estado se ha convertido en un territorio en disputa por el control político, económico y territorial entre gobierno, empresas y crimen organizado, lo que ha intensificado la violencia.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha advertido que estos casos están frecuentemente relacionados con violencia sexual, feminicidio, reclutamiento forzado, trata de personas y explotación sexual, lo que coloca a niñas y jóvenes en una situación de extrema vulnerabilidad.
Ante este escenario, la Alerta de Violencia de Género (AVGM) ha sido una de las principales herramientas para enfrentar la problemática; sin embargo, pese a ser un logro feminista, actualmente la nueva Secretaría de las Mujeres (Semujeres) no ha sido capaz de asumir la función de las alertas ante la falta de estructura administrativa y personal, lo que se tradujo a un retroceso que ha debilitado la protección estatal de las mujeres, según han señalado organizaciones civiles.
El incremento exponencial de mujeres desaparecidas en México muestra que los mecanismos implementados para prevención están estancados, como la AVGM y no han logrado contener la crisis, así como la falta de presupuesto, coordinación y resultados ha permitido que la violencia, la impunidad y las desapariciones sigan creciendo, dejando en evidencia la fragilidad institucional frente a la protección de mujeres, niñas y adolescentes.
De acuerdo con el informe sombra «Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres: Ni armonización/ ni coordinación», entre 2013 y 2025 se admitieron 41 solicitudes y solo se han emitido 26 declaratorias de Alerta de Género, para 24 estados:
Dos en el estado de México (una por violencia feminicida y otra por Desaparición), Nuevo León, Morelos, Nayarit, Chiapas, Michoacán, dos en Veracruz (una por violencia feminicida y otra por agravio comparado), Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, dos en Guerrero (una por violencia feminicida y otra por agravio comparado), Quintana Roo, Zacatecas, Oaxaca, Campeche, Durango, Jalisco, Puebla, Chihuahua, Sonora, Tlaxcala, Baja California Estado de México (por desaparición) y Ciudad de México (Declarada por Gobierno Local).
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) subraya que estas Alertas son importantes porque visibilizan la violencia contra las mujeres, activan protocolos de búsqueda, obligan al Estado a diseñar políticas públicas y exponen la impunidad institucional. No obstante, persisten fallas es la coordinación y operatividad de las alertas.
Sin embargo, pese a su vital importancia durante las primeras horas de búsqueda en los estados que cuentan con ellos, el informe sombra «Desaparición de mujeres, Alerta AMBER y Protocolo Alba: Cuando no hay voluntad para encontrarlas» indica que no han podido aplicarse de manera efectiva debido a una serie de obstáculos.