Luego de darse a conocer la propuesta para expedir la nueva Ley General de Aguas y modificar la Ley de Aguas Nacionales, el Gobierno de México dio a conocer los puntos centrales de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) explicó que el proyecto tiene tres objetivos principales:
- Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento.
- Recuperar la rectoría del Estado en la gestión hídrica.
- Ordenar el régimen de concesiones.
El Ejecutivo planteó que el agua no sea tratada como mercancía, por lo que se eliminaría la transmisión de concesiones entre particulares y el cambio de uso sin autorización de Conagua.
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La iniciativa también busca fortalecer la operación de los organismos encargados del suministro, profesionalizar su funcionamiento y asegurar que el consumo personal y doméstico quede plenamente resguardado.
Además, la propuesta promueve el reuso del agua bajo principios de sustentabilidad, así como la responsabilidad compartida entre autoridades y concesionarios.
El gobierno enfatizó que los usuarios con títulos vigentes conservarían sus derechos y que las prórrogas continuarían otorgándose con el mismo plazo y condiciones.
Impacto para el sector agrícola y funcionamiento institucional
En el comunicado se subrayó que la iniciativa mantiene la autonomía de los Distritos y Unidades de Riego en la administración de las aguas que tienen concesionadas.
El Ejecutivo reiteró que no desaparece la Conagua y que, por el contrario, se busca fortalecer su papel técnico e institucional.
También se especificó que la propuesta no contempla la expropiación de concesiones ni medidas retroactivas.
En cambio, prevé elevar sanciones por prácticas irregulares en el manejo del agua y tipificar delitos relacionados con su uso, sin criminalizar a los usuarios.
Entre los puntos mencionados se encuentra el acceso a programas como el Programa Especial de Energía para el Campo (PEUA) para apoyar la tecnificación del riego.
Advertencias sobre un posible proceso acelerado en el Congreso
En el Foro del Agua celebrado en Guanajuato, el diputado Rubén Moreira planteó que la iniciativa presidencial para expedir una nueva legislación hídrica debe transitar por un proceso de análisis más amplio.
El legislador pidió evitar una aprobación precipitada y llamó a que el debate incorpore opiniones provenientes de todas las regiones del país.
Durante su intervención, Moreira señaló que la propuesta del Ejecutivo separa el derecho a la tierra del derecho al agua, lo que, observó, tendría efectos directos en la transmisión de parcelas que dependen del acceso al recurso.
Recordó que, en su diseño actual, la iniciativa ya se encuentra en revisión en tres comisiones: la encargada de dictaminar en materia de recursos hídricos y dos de opinión, Ganadería y Agricultura.
El diputado indicó que la Comisión de Ganadería, con mayoría oficialista, anunció que respaldaría el proyecto en los términos presentados, mientras que legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano manifestaron su desacuerdo.
Añadió que, desde la oposición, se recopilan conclusiones de foros independientes realizados directamente con productores, campesinos, mineros y autoridades municipales.
Piden que el debate represente la diversidad territorial del país
Moreira insistió en que el análisis legislativo debe reflejar lo que llamó “las 32 realidades del país”.
En su exposición, mencionó que los foros impulsados por la Cámara de Diputados se llevaron a cabo únicamente en la Ciudad de México, pese a estar dirigidos a regiones con condiciones hídricas distintas, como el norte del país o la península de Yucatán.