Defender a los mexicanos en el extranjero es una obligación de quienes toman decisiones: senadora Amalia García.

La senadora de Movimiento Ciudadano, Amalia García Medina, se refirió a la importancia de que “quienes estamos en puestos de toma de decisiones asumamos el concepto de nación transterritorial, extendida fuera de las fronteras, en especial en el vecino país del norte”.

Al participar en la mesa México nación trans territorial: agenda política, social, cultural y de desarrollo, organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) argumentó:

“Se deben garantizar los derechos políticos de los mexicanos en otras naciones, sobre todo si tomamos en cuenta que con la reforma al artículo 30 Constitucional os hijos e hijas de mexicanos, son mexicanos. Eso es piedra de toque para todas las prerrogativas, cuyo ejercicio pleno debe garantizarse”.

En la negociación con Estados Unidos, México tiene una presencia poderosa conformada por 38 millones de personas de origen mexicano. Una capacidad que debe usarse en favor de esos mexicanos ante la ofensiva del gobierno de Donald Trump, subrayó la legisladora

“Si existe la capacidad de dar respuesta a esta crisis con presencia política, tendremos posibilidades de avance. Para ello, hay que comenzar por reconocerles sus derechos políticos plenos y los sociales, y que los adultos mayores en el exterior también reciban pensión, por ejemplo”, sugirió García Medina.

El trabajo de los mexicanos representa ocho por ciento del producto interno bruto de la economía del vecino país del norte, y su aportación equivale a la de 55 de las empresas más importantes de las 500 señaladas por la revista Fortune, aseveró la exgobernadora de Zacatecas.

Hay que tomar en serio la universalidad de los derechos humanos, y en este momento de tantos desafíos en relación con estos temas apostar al multilateralismo, es la única vía posible para comenzar a pensar en sociedades distintas, desde una nueva visión de lo global, de la dignidad humana, a partir de las garantías fundamentales, consideró la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mónica González Contró.