El pleno del Congreso de Jalisco aprobó un descuento del 80 por ciento en el recibo del agua para los ciudadanos afectados por el suministro de mala calidad que distribuye el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Esta medida busca resarcir el impacto económico en las familias que reciben agua turbia, con tierra o mal olor en sus hogares.
La disposición estará vigente durante lo que resta del año, con fecha límite al 15 de diciembre, y alcanzará a cerca de 600 colonias, beneficiando a un estimado de 750 mil habitantes.
Sin embargo, para acceder al beneficio fiscal, los usuarios deberán comprobar que el líquido que reciben en sus domicilios no cumple con los estándares mínimos de calidad.
¿A quiénes aplicará el descuento?
Durante la sesión ordinaria, 31 de los 38 diputados locales aprobaron la iniciativa impulsada por la legisladora panista Claudia Murguía, añadiendo lineamientos específicos para la aplicación del ajuste tarifario.
Entre los candados aprobados se establece que el consumo mensual no debe exceder los 25 metros cúbicos por toma.
Asimismo, la junta de gobierno del Siapa cuenta con un plazo de 15 días naturales, a partir de la publicación del decreto, para emitir el acuerdo oficial donde se delimitarán las zonas exactas que tendrán acceso a esta rebaja.
El beneficio también abarcará a pequeños comercios de la zona metropolitana, siempre que mantengan un consumo dentro del límite de los 25 metros cúbicos mensuales.
Como medida complementaria, el decreto ratifica las acciones puestas en marcha por el gobierno estatal encabezado por Pablo Lemus, el cual destinó una inversión de 100 millones de pesos para la instalación y rotación de plantas potabilizadoras portátiles en distintos puntos de la ciudad, además de la distribución gratuita de agua limpia mediante pipas.
¿Por qué se contaminó el agua?
La resolución legislativa se da tras la entrega de más de 31 mil firmas ciudadanas por parte del regidor morenista José María Martínez, quien impulsó la consigna de eximir del cobro a las zonas afectadas.
Por su parte, el secretario de Gobierno, Salvador Zamora, junto con alcaldes de diversas fuerzas políticas (PRI, PAN, MC, Morena y PVEM), reclamó a la Federación el pago de 232.7 millones de pesos pendientes del Programa de Devolución de Derechos (Prodder).
Esta falta de ministración afecta a 13 organismos operadores y 17 municipios, sumado a un recorte del 10 por ciento en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, lo que representa una afectación acumulada de 547.1 millones de pesos para Jalisco entre 2025 y 2026.
Ante el desabasto de fondos federales, los municipios han tenido que emplear recursos propios para sostener obras hídricas y de alcantarillado en la entidad.
