Testigos del Horror
Un joven sale de su casa a su primer día de trabajo, hace lo mismo que millones en el mundo, pero, a diferencia de ellos, el mexicano no regresa. Desapareció en un lugar público y en medio de cientos de personas. Le sucedió a él y a muchos más en la central de autobuses de Tlaquepaque. Fue enganchado por una oferta de trabajo y convencido por una promesa de buen sueldo.
Sandra Romandía escribe “Testigos del Horror”, una publicación de Grijalbo que, en 250 páginas, nos narra la tragedia del Rancho Izaguirre y da múltiple información para conocer las pautas y operación de la desaparición de personas, la actuación de las bandas criminales y la omisión y complicidad de las autoridades.
Ricardo Cervantes, coordinador de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, organizó el evento académico: “Rancho Izaguirre, ¿Víctimas o Victimarios?”, con la participación de los abogados José Ramón Cossío, exministro de la Suprema Corte; José Nassar, Premio Nacional de Jurisprudencia; Víctor Olea, famoso penalista, y la autora. En el público, algunos de los más brillantes abogados del país, expertos en la materia.
En el libro, un párrafo que impacta: “Rancho Izaguirre fue un centro de reclutamiento forzado, de tortura, de exterminio. Fue una industria de muerte que operó por años, pero, sobre todo, fue la evidencia concreta de que el crimen organizado no solo asesina; administra, gestiona y construye, sin ningún código ético por la vida humana. Tiene un modelo de negocios, un sistema de negocios, un sistema logístico, una estructura patrimonial.
Este libro también explora eso: el boom inmobiliario del narco, los despojos como método de expansión territorial, la complicidad notarial, municipal, judicial. El lector irá conociendo los mecanismos oscuros a través de los cuales estos grupos delictivos convierten una parcela en un cuartel, una casa en un matadero, un pueblo en un silencioso campo de guerra”.
Los ponentes analizaron, desde la perspectiva jurídica, la responsabilidad de quienes son reclutados de manera forzada para unirse a las bandas delictivas y sufren presiones indecibles durante el cautiverio. Los mismos que, en muchas ocasiones, matan para no ser asesinados.
¿Es justo que un joven al cual el Estado no le ofreció seguridad ni trabajo termine sentenciado como sicario? El libro relata el proceso de construcción de un asesino y la posibilidad de que un joven inocente, si quiere sobrevivir, se convierta en uno de ellos.
En la reflexión de los juristas brotó algo aterrador: la tasa de reposición en las bandas delincuenciales puede llegar a requerir de la leva callejera y masiva. Según escuché, la posibilidad de supervivencia en los primeros días del “adiestramiento” es de 3 de cada 10 reclutados.
Todo indica que lo sucedido en Jalisco no es un hecho aislado y es evidente que las autoridades locales no tienen el menor interés en actuar.