Detrás de cada uno de los 128 mil desaparecidos en México, hay una madre buscandolos, afirmó el senador Manuel Añorve, y pide protección para ellas

“Decir madre buscadora, en México, duele. Duele porque detrás de cada madre hay un Estado que llegó tarde, mal o nunca. Duele, porque ellas, con las manos y el corazón, han hecho el trabajo que correspondería al Gobierno, cavar, preguntar, documentar, insistir. Y duele, sobre todo porque en este país, la verdad, todavía se tiene que excavar, como bien dicen ellas, salir a buscar es salir a recuperar un pedazo del alma que el Estado dejó solo”.

Lo anterior lo declaró el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, desde la tribuna de la sede alterna del Senado, durante la sesión de la comisión permanente, al presentar una iniciativa que de ley para reconocer formalmente a las madres y a los familiares que buscan a personas desaparecidas como defensoras y defensores de Derechos Humanos y convertir ese reconocimiento en protección efectiva con nombre y con ley.

Explicó que la iniciativa se aplicaría a Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que se deje de ignorar el peligro que corren las madres buscadora, y “las integre en la definición de personas defensoras, que obligue a la Junta de Gobierno del mecanismo a informar anualmente sobre su situación con datos desagregados y perspectiva de género, y que cuando haya agresión o amenaza, se active sin regateos la puerta de las medidas preventivas y urgentes de protección para ellas y sus familias”.

Hoy, informó el senador, México acumula más de 128 mil personas desaparecidas y no localizadas, y tras cada registro hay una familia que no se rinde y un colectivo que no descansa. “La evidencia muestra además un incremento sostenido entre jóvenes y adolescentes. El país entero lo sabe, aunque algunos prefieren mirar para otro lado. ¿O vamos a seguir discutiendo adjetivos mientras ellas se juegan la vida?”

“La urgencia no es retórica. A una madre buscadora la pueden matar por buscar. Allí está el crimen brutal contra María del Carmen Morales y su hijo Jaime en Tlajomulco, Jalisco. Las amenazas estaban documentadas, era público, el riesgo era real. ¿Cuántas veces más tendrá que repetirse esta historia para que la protección deje de ser un trámite y sea un blindaje?”, agregó Añorve Baños en su discurso.

Recordó que hace apenas unas semanas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas señaló su preocupación por la violencia y la discriminación que padecen las madres buscadoras en México y recomendó su reconocimiento formal como una categoría especial de personas defensoras de Derechos Humanos.

Señaló que si bien el actual marco legal ya prevé un mecanismo de protección, “lo que hace falta es abrirle la puerta a quienes la tocan para pedir ayuda y protección, pero, sin que nadie conteste”.

La ley vigente define el mecanismo y su cooperación con las entidades federativas. Esta reforma lo actualiza para incluir a quienes, en riesgo de todo, defienden el derecho a la verdad y a la justicia con una pala, con un cuaderno y con una voz que no se quiebra. ¿No es eso defender derechos humanos en su forma más cruda y valiente?

Anticipo una objeción, “no hace falta, ya están protegidas”. Falso. Si así fuera no tendríamos madres desplazadas, amenazadas o asesinadas. No tendríamos colectivos mendigando escoltas, gasolina o chalecos. No tendríamos fiscalías que le cierren la puerta o que minimizan sus denuncias. El reconocimiento explícito importa porque activa obligaciones concretas, verifica resultados y permite exigir cuentas cuando se omiten medidas. Eso pide la ONU, las organizaciones y sobre todo las familias.

Desde el PRI hablamos claro y sin rodeos, no hay democracia posible si la búsqueda se hace con pico y pala prestados, si la protección depende del humor del funcionario de guardia, y si el Estado mira para otro lado cuando tocan la puerta en la madrugada.