El aborto seguirá siendo delito en Guanajuato. Este jueves, el Congreso local rechazó la despenalización de la interrupción del embarazo con 19 votos en contra y 17 a favor, archivando la iniciativa hasta el próximo periodo ordinario en septiembre.

El resultado final estuvo marcado por un giro inesperado: la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luz Itzel Mendo, cambió el sentido de su voto y se alineó con la bancada del PAN, asegurando que no está de acuerdo con que el aborto “se normalice como política pública”.

La decisión generó una fuerte reacción dentro del recinto legislativo. Al grito de “vendida”, las diputadas de Morena abandonaron la Cámara en señal de protesta.

El estado se mantiene en la lista de nueve entidades que aún no han despenalizado el aborto, pese a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordena a los congresos locales armonizar sus leyes con los criterios constitucionales en derechos reproductivos.

Guanajuato es considerado uno de los estados más conservadores de México, donde las carpetas de investigación por aborto superan incluso a las de feminicidio. Sin embargo, debido a la protección legal establecida por la SCJN, ninguna mujer puede ser encarcelada por este delito.

Organismos como la Agencia de las Naciones Unidas para la Salud Sexual y Reproductiva (UNFPA) expresaron su preocupación antes de la votación, subrayando la urgencia de avanzar en una legislación que garantice la igualdad y los derechos de las mujeres.

El estado también enfrenta una realidad alarmante: Guanajuato tiene la tasa más alta de embarazos adolescentes del país, con un 31%, y en 2024 fueron atendidas 466 niñas y adolescentes de entre 1 y 17 años en hospitales por violencia sexual, de las cuales el 90.8% eran mujeres, según cifras de la Red por los Derechos de la Infancia en México.