Diputada pide penas de prisión de hasta tres años a quien robe o dañe inmuebles y/o materiales educativos en escuelas, bibliotecas y edificios públicos.

La diputada federal Verónica Martínez García presentó una iniciativa a la Cámara de Diputados para establecer penas de seis meses a tres años de prisión y de 100 pesos a 5 mil pesos, a quien cause daño o sustraiga indebidamente los bienes muebles, mobiliario, equipos informáticos, materiales de trabajo y aseo de escuelas, bibliotecas y edificios públicos.

Explicó que recientemente el robo y saqueo de planteles educativos se ha incrementado y que los apoyos cada vez son más escasos, de acuerdo con el Observatorio Educativo en los Medios de la organización civil Mexicanos Primero, durante las primeras 4 semanas de vacaciones escolares de este receso 2025 se reportaron al menos 288 saqueos y actos de vandalismo en planteles de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Sinaloa y Tabasco.

En su exposición de motivos, la integrante del grupo parlamentario del PRI argumentó que es un compromiso garantizar y preservar la infraestructura educativa, la cual, subrayó, es una herramienta esencial para que cada niña y niño mexicano, así como cada joven, encuentre espacios educativos que les garanticen condiciones de aprendizajes de excelencia, con equidad y calidad.

Expuso que si bien el Código Penal Federal establece en su artículo 397 lo siguiente: “Se impondrán de cinco a diez años de prisión y multa de 100 pesos a cinco mil pesos, a los que causen incendio, inundación o explosión con daño o peligro en bibliotecas, museos, templos, escuelas o edificios”, es necesario también tipificar específicamente el robo de equipos, mobiliario e insumos de escuelas, bibliotecas o cualquier inmueble público.

La legisladora señaló que es preocupante lo que pasa, principalmente, en materia educativa; primero, según el Inegi, de 2019 a 2023, un millón de 254 mil estudiantes abandonaron sus estudios. Explicó que entre los factores que lo motivaron está la pobreza, la inseguridad, la falta de incentivos, de instalaciones cercanas, de insumos en los planteles, así como la desigualdad en el acceso a tecnologías digitales.