La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se convirtió este martes en el epicentro de una intensa controversia tras las declaraciones de la ministra María Estela Ríos González. Durante la discusión de un proyecto relacionado con las facultades de las fiscalías especializadas en el estado de Chihuahua, la ministra sugirió que las personas nacidas mediante técnicas de reproducción asistida (fecundación in vitro) podrían considerarse ajenas al núcleo familiar, una afirmación que encendió las alarmas entre juristas y defensores de derechos humanos.
El debate se originó a partir del proyecto presentado por el ministro Arístides Guerrero García, el cual buscaba invalidar reformas legales en Chihuahua que extendían la competencia de la Fiscalía Especializada para la Atención a Mujeres Víctimas de Violencia por Razón de Género hacia la atención de “la familia”. El argumento central del ponente era que esta ampliación de facultades podría representar un retroceso, diluyendo la protección específica y prioritaria que requieren las mujeres víctimas de violencia.
¿Protección individual o familiar?
La ministra Ríos González se manifestó en contra del proyecto de invalidez, argumentando que la violencia intrafamiliar afecta mayoritariamente a las mujeres y que atender al núcleo familiar de manera integrada beneficia a las víctimas directas y colaterales, como niños, niñas y adolescentes. Fue en el clímax de su argumentación, al intentar subrayar la universalidad del origen familiar de las personas, cuando lanzó la frase que se volvió viral:
“Salvo quien haya nacido in vitro, a lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia, pero mujeres y hombres formamos parte de la familia”, afirmó la ministra.
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Esta declaración buscaba, aparentemente, enfatizar que casi la totalidad de la población proviene de una estructura familiar tradicional; sin embargo, la exclusión explícita de quienes nacen mediante ciencia reproductiva fue recibida como un agravio a la dignidad de miles de personas y a los avances en materia de derechos reproductivos en México.
Reacciones de la comunidad jurídica y condena social
La respuesta de especialistas en derecho fue inmediata. Abogadas y constitucionalistas señalaron que las palabras de la ministra Ríos no solo son discriminatorias, sino que ignoran la línea ética y jurisprudencial que la propia Suprema Corte ha construido durante años para proteger las diversas formas de familia y el acceso a la reproducción asistida.
Estigmatización y discriminación
La abogada Leslie Jiménez calificó la expresión como “gravísima”, señalando que más allá de la anécdota, el comentario estigmatiza las decisiones reproductivas de las personas gestantes. Por su parte, la columnista y abogada Melissa Ayala recordó que el acceso a la reproducción asistida es un derecho protegido por la Constitución Mexicana y tratados internacionales. Ayala lamentó que una integrante del Alto Tribunal emita juicios “abiertamente discriminatorios” contra los menores concebidos por estos métodos.
El desenlace de la votación en el Pleno
A pesar de la polémica generada por sus dichos, la postura jurídica de la ministra Ríos González prevaleció en el resultado final. El proyecto del ministro Guerrero García no alcanzó la mayoría calificada de ocho votos necesaria para invalidar la norma de Chihuahua. Solo los ministros Arístides Guerrero, Lenia Batres Guadarrama y el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz votaron a favor de la invalidez.
Con este resultado, la Fiscalía Especializada de Chihuahua mantendrá sus facultades para atender no solo a mujeres víctimas de violencia de género, sino también a los integrantes de su familia, bajo el argumento de que un diseño institucional integrado permite medidas de protección más eficaces para el entorno de la víctima.
El peso de las palabras en el Alto Tribunal
El episodio deja al descubierto una tensión ideológica dentro de la Corte respecto a conceptos modernos de familia y derechos biotecnológicos. Si bien la decisión jurídica sobre la fiscalía de Chihuahua tiene fundamentos técnicos sobre política criminal, el desliz de la ministra Ríos González pone en entredicho la sensibilidad de algunos juzgadores ante la pluralidad social del México actual. En un tribunal que se precia de ser de vanguardia, expresiones que excluyen a individuos con base en su origen biológico representan un riesgo para la percepción de imparcialidad y progresividad que la SCJN ha defendido históricamente. Se espera que, ante la presión de organizaciones civiles, la ministra emita una aclaración o disculpa pública para resarcir el daño a la comunidad de familias diversas.
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