El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido un memorándum dirigido al fiscal general y al secretario de Seguridad Nacional titulado “Prevención de abusos del sistema jurídico y del Tribunal Federal”, en el que ordena pedir cuentas a abogados y bufetes que defienden a migrantes.

Según el documento, publicado en la página oficial de la Casa Blanca, el exmandatario argumenta que “la rendición de cuentas es especialmente importante cuando la mala conducta de abogados y bufetes de abogados amenaza nuestra seguridad nacional, la seguridad pública o la integridad electoral”.

Ataque a la defensa legal de migrantes

La medida contra abogados litigantes y defensores de migrantes ocurre apenas 12 horas después de que la administración Trump anunciara el fin del ‘parole’ humanitario, un programa que durante la gestión de Joe Biden permitió la entrada legal a más de 500,000 migrantes provenientes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela.

El ‘parole’ humanitario fue una política implementada por Biden para brindar protección contra la deportación por un periodo de dos años a ciertos migrantes, siempre y cuando cumplieran con ciertos requisitos y tuvieran un patrocinador en Estados Unidos.

Sin embargo, el gobierno de Trump ha establecido que esta medida concluirá el 24 de abril de 2025, fecha en la que se cumplirán 30 días desde su publicación oficial prevista para el 25 de marzo, según el Departamento de Seguridad Nacional.

Críticas y preocupaciones

Defensores de los derechos humanos y organizaciones de ayuda a migrantes han condenado esta acción, señalando que criminaliza la labor de abogados que brindan asistencia legal a personas vulnerables.

Grupos proinmigrantes han advertido que esta política podría provocar una mayor inseguridad jurídica para quienes buscan asilo o protección en el país, ya que muchos de ellos dependen de asesoría legal para navegar el complejo sistema migratorio estadounidense.

Aún no está claro qué tipo de medidas tomará la administración Trump contra estos abogados, pero el memorándum sugiere que podrían enfrentar investigaciones, sanciones e incluso la revocación de licencias si el gobierno considera que han participado en lo que él llama “abusos del sistema jurídico”.

Este nuevo golpe a los migrantes y sus defensores legales refuerza la postura restrictiva de Trump en materia migratoria, con la cual ha buscado endurecer el acceso a Estados Unidos desde su primera administración.