Washington, 20 de agosto de 2025 (EFE).– El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles sanciones contra cuatro miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) por su participación en investigaciones relacionadas con presuntos crímenes de guerra en Gaza y Afganistán.
Las medidas se suman a las impuestas previamente por la Administración de Donald Trump: en junio contra cuatro jueces del organismo y en febrero contra el fiscal Karim Khan.
En esta ocasión, los sancionados son Kimberly Prost (Canadá), Nicolas Guillou (Francia), Nazhat Shameem Khan (Fiyi) y Mame Mandiaye Niang (Senegal).
“Estas personas participaron directamente en los esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de ninguna de las dos naciones”, señaló Rubio en un comunicado.
Las sanciones incluyen el bloqueo de bienes en territorio estadounidense y la prohibición de transacciones financieras con ciudadanos de EE.UU.
Investigaciones en Gaza y Afganistán
De acuerdo con los señalamientos, la jueza Prost ha intervenido en casos vinculados con posibles crímenes de guerra de fuerzas estadounidenses y de la CIA en Afganistán. Por su parte, los fiscales adjuntos Khan y Niang supervisan investigaciones sobre crímenes graves en Kabul y Sudán.
En tanto, el juez francés Guillou participó en la cámara que emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Galant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.
Estados Unidos rechaza estas pesquisas y ha reiterado su respaldo a Israel, al que considera un aliado estratégico.
En febrero pasado, Trump firmó una orden ejecutiva contra la CPI, a la que acusó de emprender “acciones ilegítimas e infundadas” contra su país y contra Israel.
“Estados Unidos es claro y firme en su oposición a la politización, el abuso de poder, el desprecio a nuestra soberanía y al exceso judicial ilegítimo de la CPI. Esta Corte representa una amenaza para nuestra seguridad nacional y ha sido un instrumento de guerra legal (lawfare) contra Estados Unidos y nuestro cercano aliado Israel”, agregó Rubio.
La CPI, creada en 2002 mediante el Estatuto de Roma, tiene como mandato juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. No obstante, países como Estados Unidos, China, Rusia e Israel no reconocen su jurisdicción.