La delincuencia organizada aumenta y perfecciona cada día el uso de drones para transportes de drogas y ataques con armas de alto poder y explosivos a fuerzas de seguridad, población civil y grupos rivales, sin que se haya legislado adecuadamente para combatir el uso de esa tecnología, aseguró el diputado Mario Alberto López Hernández.
Por ello, con el propósito de endurecer las sanciones en delitos relacionados con la adquisición, fabricación y uso de drones para arrojar objetos, armas y sustancias químicas que puedan ser utilizadas como explosivos, el diputado una iniciativa de reforma a los artículos 163 Bis y 163 Ter del Código Penal Federal.
El documento, turnado a la Comisión de Justicia, plantea aumentar la pena de prisión hasta por treinta años, a quien, mediante el uso de aeronaves pilotadas a distancia arroje cualquier objeto o artefacto explosivo, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten.
La misma pena se pide para quien use o fabrique artefactos explosivos improvisados o armas y sustancias químicas que, por sí solas o combinadas, sean susceptibles de ser empleadas como explosivos sobre otras personas o bienes, o impacte a alguna persona o propiedad con el propósito de causar daño.
Se propone en la iniciativa prisión de diez a trece años de cárcel a quien importe, manufacture, arme, adquiera o adapte aeronaves pilotadas a distancia para el transporte de artefactos explosivos, artefactos explosivos improvisados, armas, narcóticos, drogas sintéticas o demás materiales regulados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Argumenta que la normativa vigente no sanciona de manera eficiente y proporcional las conductas que ocasionan un daño o perjuicio de las personas o bienes que se causen con dichos sistemas, por lo que resulta necesario incrementar las penas para este tipo de conductas que ponen en riesgo la vida de la población y afectan la función del Estado en materia de seguridad nacional.