El departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros diez funcionarios y exfuncionarios de alto rango del estado.
Rocha Moya es señalado por su presunta colaboración directa de la cúpula gubernamental sinaloense con el crimen organizado.
De acuerdo con el documento judicial asignado a la jueza Katherine Polk Failla, Rocha Moya y su círculo cercano habrían utilizado sus posiciones de poder para facilitar el tráfico de grandes cantidades de sustancias ilícitas hacia territorio estadounidense. Esta revelación no solo pone en jaque la administración estatal, sino que escala a niveles diplomáticos la tensión entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico.
Los nombres en el centro del escándalo
La acusación no se limita al Ejecutivo estatal. El expediente detalla una red de funcionarios que presuntamente operaban para blindar las actividades del Cártel de Sinaloa. Entre los nombres que figuran en la lista de los once acusados destacan figuras clave de la administración de Rocha Moya, tales como:
- Enrique Inzunza Cázarez
- Enrique Díaz Vega.
- Dámaso Castro Zaavedra
- Marco Antonio Almanza Avilés.
- Gerardo Mérida Sánchez
- Juan de Dios Gámez Mendívil.
La gravedad de la acusación aumenta con cargos específicos contra Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, quien es señalado no solo por tráfico de drogas, sino por su presunta participación en el secuestro y asesinato de un informante de la DEA y de un familiar de este. Este componente añade una carga de violencia extrema a la investigación, situando a los implicados en un escenario de delitos que incluyen armas de fuego y homicidios dolosos.
El impacto de la “Estrategia Federal” de EU
La administración de la DEA ha sido enfática en que esta acusación es parte de un esfuerzo por desmantelar las estructuras de protección institucional que permiten el flujo de drogas. Según el fiscal Clayton, la evidencia apunta a una simbiosis entre el gobierno estatal y las organizaciones criminales para garantizar rutas seguras de transporte y operaciones financieras.
Este anuncio cae como un balde de agua fría en el contexto nacional, donde el gobernador Rocha Moya había mantenido una postura de rechazo absoluto ante cualquier vínculo con grupos delictivos. La fiscalía neoyorquina, conocida por llevar casos de alto perfil contra figuras políticas mexicanas, sostiene que tiene pruebas suficientes para demostrar que el gobierno de Sinaloa fungió como un brazo facilitador para la organización criminal.
¿Rubén Rocha Moya dejará la gubernatura de Sinaloa?
Con la apertura de este proceso, se espera una reacción inmediata por parte de las autoridades federales en México. El señalamiento contra un gobernador en funciones y su gabinete por parte del Distrito Sur de Nueva York marca un antes y un después en la relación de confianza institucional. El proceso judicial que encabezará la jueza Polk Failla determinará el alcance de la responsabilidad de cada uno de los implicados, pero el daño político a la gestión de Rocha Moya parece ser, hasta ahora, irreversible.
