La administración de María Elena Álvarez-Buylla al frente del extinto Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), ahora Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), sigue bajo el escrutinio de las autoridades, con 79 millones de pesos en irregularidades sin esclarecer. La exdirectora, quien solía hablar de una “ciencia con enfoque humanista», ahora está en la mira por el manejo de recursos públicos.
Incluso la propia ex directora, ante las críticas, ha exigido que se investigue: “Yo creo que se debe de investigar todo lo que se encuentre y fincar responsabilidades donde se encuentre que haya responsabilidades…”, dijo.
Las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señalan montos considerables que deben ser aclarados en varios años de su gestión, revelando graves deficiencias en el control del gasto:
2023: Se solicitó aclarar el destino de más de 79 millones de pesos. 44 millones correspondían a tres centros de investigación. Casi 35 millones de pesos en becas nacionales de posgrado.
La ASF menciona que no había un proceso que permitiera validar que el dinero se depositara a becarios en activo. Además, se reportan pagos por más de 34 millones de pesos a becarios que ya se habían dado de baja del sistema.
Las irregularidades administrativas se suman a escándalos de gestión que derivaron en sobrecostos y retrasos en proyectos prioritarios como el Fraude de los ventiladores, cuando Álvarez-Buylla anunció que el Conacyt desarrollaría ventiladores para atender a pacientes con Covid-19, siguiendo una instrucción del Ejecutivo:
“El presidente de la República nos indicó al Conacyt enfocar esfuerzos prioritarios para poder desarrollar este tipo de equipos de alta especialidad…”, dijo la ex directora.
Aunque Buylla presumió que serían baratos y funcionales, acabaron costando alrededor de 257 mil pesos cada uno, lo que representó un sobreprecio de 88 por ciento.
Otro escándalo fue el de la llamada Vacuna Patria, que buscaba proteger a la población contra el Covid-19. La meta inicial era tenerla lista para el último trimestre de 2021. La Cofepris concedió la autorización para su uso de emergencia hasta junio de 2024, mucho después de que la pandemia ya se hubiera terminado.