El futbol mundial se encuentra nuevamente bajo la sombra de la sospecha financiera. El Buró Federal de Investigaciones (FBI), de los Estados Unidos ha intensificado una profunda indagación sobre la Asociación del Futbol Argentino (AFA). El organismo norteamericano busca esclarecer una presunta red de fraude y lavado de dinero que involucra directamente a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia. Dicho escenario legal coincide con un clima de tensión internacional debido a las constantes críticas por supuestos favoritismos arbitrales hacia la escuadra albiceleste durante el Mundial 2026.
La pesquisa de las autoridades estadounidenses, catalogada popularmente como el “Afagate” o “Chiquigate”, se concentra en el rastreo de movimientos financieros ejecutados en territorio norteamericano. El foco central está puesto sobre la empresa TourProdEnter LLC, una firma radicada en Florida y administrada por el exlegislador Javier Faroni junto a su esposa, Érica Gillette, entidad que fue elegida por la administración de Tapia para centralizar la recaudación de los millonarios contratos de patrocinio global combinados con marcas de gran relevancia internacional.
Empresas fantasma y desvío de millones
De acuerdo con los reportes financieros que evalúa la justicia de Estados Unidos, se sospecha el uso de corporaciones fachada destinadas a evadir fiscalizaciones tributarias y desviar fondos hacia el exterior. Los registros de bancos de primer nivel como Citibank, JP Morgan y Bank of America exponen el manejo de una suma cercana a los 260 millones de dólares mediante la citada firma en Florida.
El punto de mayor alarma para los fiscales federales radica en que, del total de esos activos, aproximadamente 57 millones de dólares carecen de un sustento económico lícito o transparente. Las auditorías detectaron transferencias anómalas dirigidas a personas de bajos recursos inscritas en programas de asistencia social en Argentina. Asimismo, se identificaron depósitos destinados a firmas ligadas a Pablo Toviggino, un hombre de extrema confianza dentro del círculo cercano del dirigente deportivo.
Presión de la justicia estadounidense
La ofensiva jurídica está comandada por un grupo de fiscales expertos en criminalidad económica: Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger. Los investigadores sumaron testimonios clave, como las declaraciones del empresario deportivo Guillermo Tofoni, quien ratificó las acusaciones de fraude en la gestión de los contratos comerciales de la selección sudamericana.
Frente a la gravedad de los señalamientos, el entorno del organismo deportivo ha optado por mantener una postura cautelosa. Los portavoces oficiales apelan formalmente al derecho de presunción de inocencia, recordando que las pesquisas en desarrollo no configuran de forma automática una culpabilidad de carácter penal. Mientras tanto, las autoridades federales continúan recolectando pruebas en un caso que amenaza con cimbrar las estructuras del balompié global.
