La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la recepción de solicitudes de detención provisional con fines de extradición emitidas por el Gobierno de los Estados Unidos contra diversos funcionarios, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, informó que la institución debe cumplir con todos los protocolos establecidos en la normatividad vigente antes de proceder con cualquier petición internacional.
De acuerdo al funcionario, a través de una notificación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la FGR inició el análisis de la documentación para establecer la viabilidad de la solicitud conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El vocero precisó que la petición estadounidense no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes sobre los hechos explicados en la acusación.
Análisis de pruebas y reserva de información
La Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales tiene la tarea de determinar si existen los elementos necesarios para validar la solicitud extranjera.
De manera simultánea, la FGR llevará a cabo una investigación propia para verificar si la acusación de las autoridades de Estados Unidos cuenta con el fundamento legal requerido para solicitar órdenes de aprehensión en territorio mexicano.
Ulises Lara señaló que, según la legislación nacional, es imperativo presentar datos de prueba que infieran la comisión de un delito antes de acudir ante una autoridad judicial.
Lara López subrayó que el tratado bilateral de extradición estipula que esta solo se concederá si las pruebas son suficientes bajo las leyes de México. Asimismo, refirió que el propio gobierno estadounidense solicitó mantener la confidencialidad de la información para no afectar los procedimientos penales en su país; sin embargo, dicha información ya es del dominio público.
La FGR invocó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas para recalcar que este tipo de documentación debe manejarse con carácter reservado para proteger la integridad del proceso.
El juicio de procedencia y la inmunidad procesal
Un obstáculo jurídico clave en el caso de Rubén Rocha Moya y los legisladores implicados es el fuero constitucional. El vocero de la FGR aclaró que, según la normativa mexicana, para los cargos de gobernador y senador se requiere iniciar un juicio de procedencia.
Dicho mecanismo es indispensable para obtener una declaratoria que retire la inmunidad procesal a los servidores públicos antes de que puedan ser sujetos a una acción penal o de extradición.
La institución reafirmó que su prioridad es actuar con pleno respeto a la soberanía nacional y al Estado de derecho.
“Es obligación de esta Fiscalía, a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer con toda exactitud si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y, en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud”, puntualizó Ulises Lara López.
De no cumplirse estos requisitos, se violentarían las garantías inalienables de las personas requeridas, sostuvo en un video el vocero dela FGR
