PEMEX UN BARRIL SIN FONDO
La historia reciente de Pemex está marcada por reformas encontradas. En 2013, la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto puso fin al monopolio petrolero estatal y convirtió a la paraestatal en una Empresa Productiva del Estado (EPE).
Esto dotó a la petrolera de mayor autonomía de gestión y abrió el sector a la inversión privada. En 2014 se expidieron leyes secundarias –como la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LISH)– que fijaron un régimen fiscal estricto para Pemex, con gravámenes como el Derecho de Utilidad Compartida (DUC) que llegó al 65% de sus utilidades en 2019.
Sin embargo, tras años de resultados financieros adversos, el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum impulsó un viraje legal. A finales de 2024 se aprobó una reforma constitucional en materia energética (publicada el 31 de octubre de 2024) para reclasificar a Pemex como Empresa Pública del Estado, revirtiendo en parte el modelo anterior.
En mayo de 2025, el Consejo de Administración de Pemex aprobó un nuevo Estatuto Orgánico que formaliza la integración vertical de la empresa, eliminando la estructura fragmentada de subsidiarias establecida en 2015. El objetivo declarado es un “Un solo Pemex”, con el Estado retomando el control exclusivo de las actividades estratégicas del sector.
Esta reorganización centraliza la toma de decisiones y busca “eliminar duplicidades y optimizar el gasto público”, marcando así un regreso a la rectoría estatal directa sobre la petrolera.
Paralelamente al cambio institucional, el gobierno lanzó la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento de Pemex para sanear sus finanzas hacia 2030. Un pilar central de esta estrategia es aliviar la pesada carga fiscal histórica de Pemex.
En marzo de 2025 se reformó la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos reemplazando los múltiples derechos (Derechos por Utilidad Compartida (DUC), derechos de extracción y exploración) por un único Derecho Petrolero para el Bienestar con una tasa de 30% sobre los ingresos brutos por hidrocarburos (y 11.63% para gas no asociado). Es decir, de 2019 a 2024 la tasa pasó de 65% a 30% reduciendo la carga fiscal a Pemex.
Otra medida, Pemex quedó exenta del Impuesto Sobre la Renta (ISR) debido a su cambio de naturaleza jurídica a empresa pública del Estado. De acuerdo a la Secretaría de Hacienda, por décadas Pemex entregaba hasta 60% de sus ganancias al fisco; ahora será 30%, lo cual “permite capitalizarla y fortalecer su operación”.
Si bien esta reducción tributaria mejora el margen financiero de Pemex, también implica menos ingresos fiscales para el Estado –un efecto no menor para las arcas públicas.
El otro componente de la estrategia ha sido un agresivo rescate de deuda. En julio de 2025, Hacienda realizó una polémica operación al emitir Notas Estructuradas Pre-Capitalizadas (P-Caps) por 12 mil millones de dólares, a través de un vehículo financiero internacional, con el objetivo de fondear las necesidades de Pemex sin que la deuda aparezca de inmediato en sus libros.
En la práctica, esta maniobra transfiere obligaciones de Pemex al erario público: los 12 mil millones de dólares se contabilizaron dentro del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), es decir, se convirtieron en deuda de todos los mexicanos.
Con un tipo de cambio de 18.8 pesos por dólar, la operación añadió 225 mil millones de pesos a la deuda nacional, elevando el saldo total por encima de los 19 billones de pesos, el nivel más alto en la historia fiscal del país. En efecto, el Estado asumió una porción significativa de los pasivos de la petrolera para evitar su impago.
En síntesis, los indicadores duros pintan a una empresa con producción decadente, ingresos en declive, costos al alza y una dependencia alarmante del apoyo gubernamental, un coctel riesgoso para las finanzas públicas y la economía nacional.