El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, presentó ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) una petición para que comparezca el gabinete de seguridad federal, luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y los hechos ocurridos durante la marcha de la Generación Z del 15 de noviembre.
Por su parte, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) solicitaron que las autoridades de todos los niveles garanticen condiciones de seguridad para manifestantes, periodistas y policías.
Moreira destacó que la comparecencia del titular del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Francisco Almazán Barocio, será central para aclarar la presencia del grupo conocido como “Bloque Negro”, el cual, afirmó, surgió “a instancias de Morena en 2012”. Señaló que, de no contar con información clara, el funcionario debería dejar el cargo. “Si no tiene la posibilidad de decirnos quiénes son y de resolver estas interrogantes […] el titular de inteligencia tiene que irse”, expresó.
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Moreira insistió en que es “increíble” que tras un año de gestión en el CNI y siete años del actual Gobierno no existan respuestas sobre quién controla la zona del Zócalo capitalino.
Señalamientos sobre actuación federal y exigencias al Congreso
Durante su mensaje, el coordinador parlamentario señaló preocupación por lo que calificó como acciones del Gobierno federal que, dijo, resultan en el encarcelamiento de personas como “presos políticos” y en montajes para desvirtuar el discurso público.
Aseguró que estas prácticas estigmatizan a quienes se manifiestan y los presentan como responsables de hechos que no iniciaron.
El legislador comparó estos hechos con episodios del pasado como la masacre de Tlatelolco. “Más allá de los contextos históricos nosotros no justificamos nada que haya sucedido en el pasado, que haya lesionado a mexicanas y mexicanos […] el Gobierno y Morena no pueden justificar la violencia de estos días con otros acontecimientos del pasado”, afirmó.
Moreira informó que el PRI solicitó también la integración de las Comisiones Bicameral de Seguridad Nacional y de Seguimiento a las Fuerzas Armadas en Tareas de Seguridad. Aseguró que la Cámara de Diputados no debe ser omisa y necesita ejercer su función de evaluación y contrapeso del Poder Ejecutivo.
Indicó que su partido brinda apoyo jurídico a los jóvenes detenidos el pasado sábado. Cuestionó que, vmientras “todos los agresores se fueron a su casa”, quienes viajaron desde otros estados fueran enviados a prisión. “Si son bonitos aprendices de Díaz Ordaz estos, eh”, dijo.
Vínculo con el homicidio de Carlos Manzo
Al ser consultado sobre si coincidía con la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, respecto a que el Gobierno federal criminalizó al movimiento de la Generación Z, Moreira respondió: “Sí, claro, eso es evidente”.
El diputado consideró que desde el oficialismo se ha intentado desviar la atención de los motivos originales de la movilización. Afirmó que en cuentas afines a Morena “ponen a los jóvenes que están ahí y no ponen a los grandes generadores de violencia del país”.
Recordó que la indignación expresada en la marcha y en otras manifestaciones en 80 ciudades del país tuvo como detonante el asesinato del alcalde de Uruapan, cuyo caso, señaló, “no ha sido solucionado”.
PAN exige garantizar seguridad para manifestantes, periodistas y policía
Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) solicitaron que las autoridades de todos los niveles garanticen condiciones de seguridad para manifestantes, periodistas y policías, y acusaron al Gobierno de utilizar los incidentes en el Zócalo para desviar la atención del descontento social expresado por jóvenes en distintas ciudades del país.
En conferencia, el diputado Federico Döring llamó a las comisiones de Derechos Humanos, tanto la local como la nacional, a pronunciarse sobre lo ocurrido. “Yo nada más aprovechar para reiterar la exigencia a las Comisiones de Derechos Humanos, la local y la nacional, que existan, que salgan de terapia intensiva. La local ni siquiera defiende a los policías”, afirmó.
Sostuvo que el Gobierno capitalino está obligado a contar con protocolos de actuación, en particular para proteger la labor periodística durante manifestaciones.
Recordó el caso del periodista Juan Manuel Jiménez, agredido durante una marcha en avenida Reforma. “Desde entonces se debió de haber hecho el gobierno un protocolo para que los periodistas puedan comunicar lo que sucede y para que los capitalinos y todo el mundo pueda marchar en el Zócalo libremente”, añadió.
PAN: “El Gobierno busca desviar la atención”
El coordinador de los diputados federales del PAN, Elías Lixa, afirmó que el operativo implementado el 15 de noviembre en el Centro Histórico tuvo como propósito generar distracciones frente a la inconformidad expresada por las y los jóvenes. “Es evidente que esa es la provocación que el gobierno quiere causar para desviar la atención sobre lo realmente importante y es que jóvenes libres de este país se organizaron, protestaron y los jóvenes están rechazando a este gobierno”, sostuvo.
Lixa cuestionó las condiciones de acceso al Zócalo durante la movilización, al señalar que se instalaron filtros estrictos y entradas limitadas. “Hicieron el operativo más grande que se haya visto en el Zócalo […] Dejaron una puerta pequeñita, sumamente vigilada. ¿Y me están queriendo sugerir que la súper policía mexicana no pudo detectar eso? Por favor”, apuntó.
El legislador añadió que los congresistas de todos los partidos tienen la responsabilidad de asegurar que las leyes garanticen el derecho a la protesta pacífica y eviten acciones gubernamentales que desacrediten a quienes participan en ellas. “El gobierno debería escuchar más y poner menos pretextos. Las y los jóvenes los han rechazado, los han reprobado y están obligados a mejorar, no a poner máscaras que sirvan de pretextos”, señaló.
RB