HOLA PAISANO

Cárceles por contrato, el negocio sucio del encierro migrante

Ciudad de México, 29 Julio 2025.- En el corazón del desierto californiano, una ciudad pequeña y empobrecida llamada California City se apresta a convertirse en el epicentro de una tragedia con fachada de oportunidad.

Allí, la empresa CoreCivic construye lo que será el mayor centro de detención migratoria de Estados Unidos. Las autoridades locales aplauden: prometen 500 empleos y un par de millones en impuestos. Pero lo que está en juego no es solo la economía de un municipio; es la dignidad de miles de seres humanos reducidos a mercancía.

El anuncio se alinea con la retórica incendiaria de Donald Trump, quien vuelve a prometer deportaciones masivas como si se tratara de política de Estado, cuando en realidad es pura campaña de odio.

Pero no está solo. Detrás de su discurso se movilizan corporaciones carcelarias que ya afilan el lápiz para renegociar contratos millonarios con el gobierno federal. El ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) ha pasado de operar 107 centros de detención al inicio del año a casi 200 en pleno verano. Más del 80% está bajo gestión privada. El mensaje es claro: mientras más migrantes se detengan, mayor será la ganancia.

La industria del encierro se presenta como solución milagrosa para las ciudades en “crisis”, pero lo hace con una lógica perversa: crecer a costa del sufrimiento humano. El director ejecutivo de CoreCivic, Damon Hininger, lo dijo sin pudor frente a inversionistas: “Nunca habíamos tenido tanta demanda”. No hablaba de un producto, sino de personas —muchas de ellas mexicanas— criminalizadas por su estatus migratorio, atrapadas en un limbo legal sin juicio ni defensa efectiva.

Las denuncias abundan: hacinamiento, aislamiento prolongado, presiones para firmar deportaciones, falta de alimentos, agua o atención médica. La congresista Norma Torres lo resumió sin rodeos: “Estas compañías lucran con el sufrimiento humano”. Pero incluso los intentos de supervisión encuentran trabas. Los centros de detención, blindados por intereses privados, se han vuelto zonas de sombra, donde ni la ley ni los derechos humanos parecen tener cabida.

Este modelo no es nuevo. Desde hace más de dos décadas, las cárceles privadas han expandido su influencia en el sistema penal estadounidense. En 2024, casi 91 mil personas estuvieron encarceladas en prisiones por contrato, una cifra que ha crecido un 5% desde el año 2000. Estados como Arizona, Montana o Tennessee dependen en más de un 20% de estas instalaciones. La criminalización de la pobreza y la migración se ha convertido en un negocio redondo.

La historia de California City es apenas una muestra. Lo que ocurre en ese rincón desértico refleja una arquitectura mucho más grande, donde el Estado terceriza la violencia institucional y las corporaciones la convierten en flujo de capital. El encarcelamiento deja de ser una excepción y se vuelve regla, especialmente para los más vulnerables: migrantes sin documentos, familias separadas, solicitantes de asilo tratados como rehenes administrativos.

No se trata de seguridad nacional, ni de leyes estrictas. Se trata de lucro. Y cuando la política migratoria se convierte en mercado, la humanidad queda fuera del contrato.

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