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Redadas y deportaciones, el costo económico y humano del miedo en EU

Ciudad de México, 15 Agosto 2025.- La administración de Donald Trump ha vuelto a poner en marcha su maquinaria de miedo y control migratorio, desatando redadas que no solo buscan expulsar a personas indocumentadas, sino que también paralizan sectores completos de la economía estadounidense.

Agricultura, construcción, turismo, manufactura y servicios dependen de la mano de obra migrante, y hoy enfrentan un vacío que amenaza la producción, el empleo y la estabilidad nacional.

Miles de empleos han desaparecido de un plumazo. Granjas y fábricas han detenido operaciones. Las obras de construcción enfrentan retrasos por la falta de personal.

El temor a ser detenido hace que incluso trabajadores con permisos legales abandonen sus labores, dejando al descubierto un sistema económico profundamente dependiente de la fuerza migrante, pero ciego ante sus derechos y contribuciones. Matt Teagarden, de la Asociación de Ganaderos de Kansas, lo sintetiza sin rodeos: “Tenemos dos opciones: importamos trabajadores o importamos alimentos”.

La política de deportaciones masivas y restricciones migratorias no distingue entre indocumentados, inmigrantes con estatus legal temporal, refugiados o estudiantes internacionales.

Los suburbios de Illinois han sido un ejemplo dramático: Nestlé eliminó más de 600 puestos bajo presión federal, Disney, Walmart y Amazon recortaron personal legal. Economistas advierten que esta estrategia ya frena la economía; el Banco de la Reserva Federal de Dallas proyecta una caída de casi un punto porcentual en el PIB este año, con un crecimiento previsto de apenas 1.5% para 2025, frente al 3% de años anteriores.

Los efectos son palpables en Los Ángeles, donde el Home Depot de Wilshire se ha convertido en zona cero de redadas, la llamada operación “Caballo de Troya”. Jornaleros de Guatemala, Nicaragua y México son atrapados bajo engaños y llevados a centros de detención, mientras comunidades enteras viven en un estado constante de temor.

La vigilancia comunitaria se ha vuelto necesaria, porque incluso los residentes legales sienten que pueden ser atrapados en esta red de persecución.
El Congreso estadounidense, por su parte, intenta reducir los salarios de los trabajadores agrícolas migrantes, argumentando un “alto costo” de la mano de obra extranjera.

Sin embargo, según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, el 92% de los empleados foráneos legales del campo entre 2018 y 2023 eran mexicanos. El resultado es una paradoja: se deporta o se intimida a quienes sostienen la producción, se amenaza la seguridad alimentaria y se encarecen los alimentos, todo en nombre de un discurso de control que ignora la realidad económica.

La cadena de consecuencias alcanza también a México. Deportaciones masivas y el programa “Quédate en México” colocan a ciudades fronterizas —Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa, Matamoros, Mexicali, Nuevo Laredo— bajo una presión inédita: millones de personas necesitadas de empleo y servicios, mientras la frontera se convierte en un cuello de botella económico y social. Analistas advierten que esta repatriación podría elevar la informalidad, la pobreza laboral y la inseguridad en el norte del país, y presionar los mercados locales hasta niveles críticos.

Estados Unidos enfrenta un dilema que la política de Trump ignora: no se trata solo de seguridad o legalidad, sino de economía, producción y derechos humanos. Migrantes legales e indocumentados sostienen industrias enteras, contribuyen con miles de millones de impuestos y cubren vacíos laborales que la población local no quiere o no puede ocupar. La respuesta correcta no es el miedo ni la expulsión, sino una reforma migratoria integral que garantice estabilidad, justicia y competitividad económica.

La historia se repite: el uso de la inmigración como herramienta de control político deja costos tangibles en vidas y economías. Deportaciones, amenazas y redadas masivas son hoy el espectáculo autoritario, pero detrás de él laten hogares rotos, empresas paralizadas y un futuro incierto para millones de trabajadores que sostienen la columna vertebral de Estados Unidos. Ignorarlo será pagar el precio más alto: no solo en derechos humanos, sino en alimentos, empleo y prosperidad.

Y no hay que perder de vista, por ejemplo, que los mexicanos constituyen la mayor proporción de la fuerza laboral migrante en Estados Unidos, representando más del 50% de los trabajadores extranjeros en sectores esenciales.

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