Más allá del discurso, hay deuda con la comunidad migrante mexicana

Ciudad de México 25 de abril 2025.- En el reciente foro “Diálogo con la Comunidad Mexicana residente en Estados Unidos”, el diputado Pedro Haces Barba trazó un panorama halagador sobre la situación de los migrantes mexicanos, destacando sus aportaciones económicas, su presencia en el PIB estadounidense y la importancia de las remesas para la economía nacional.

Sin embargo, más allá de los datos duros —que nadie cuestiona— el discurso del legislador se diluye en una narrativa repetitiva y demagógica, que evade los verdaderos desafíos estructurales que enfrenta esta comunidad.

Empecemos desmenuzando esto: Remesas sí, derechos no. Es innegable que las remesas son un pilar económico para México. Los más de 64 mil millones de dólares enviados en 2024 no solo representan una cifra récord, sino un reflejo del sacrificio cotidiano de millones de migrantes que, a pesar de ser criminalizados, explotados y, en muchos casos, indocumentados, siguen sosteniendo con dignidad a sus familias en territorio mexicano. Pero, ¿qué hace el Estado mexicano con este esfuerzo? ¿Dónde están las políticas públicas eficaces para proteger sus derechos allá y acá?

Celebrar las remesas como un triunfo es convertir el síntoma en estrategia: México sigue dependiendo de lo que su diáspora produce en condiciones muchas veces precarias, sin que el gobierno asuma la responsabilidad de garantizar su bienestar integral.

A título personal advierto un espejismo y contrastes tangibles para con el reconocimiento que hizo Haces Barba. Él habló de una “Agenda Migrante” con más de 20 años de historia y algunos “avances” como las acciones afirmativas. Pero lo cierto es que los migrantes siguen sin representación real, sin derechos políticos efectivos desde el exterior, y con escasas garantías laborales en el país que tanto los necesita.

Mientras tanto, en Estados Unidos, la evolución de las políticas migratorias ha sido despiadadamente clara: aumento de las deportaciones, endurecimiento de los controles fronterizos, reformas regresivas en programas como DACA y TPS, y criminalización sistemática del migrante mexicano. ¿Dónde está la respuesta articulada del gobierno mexicano ante estas amenazas?

El problema no está en reconocer el valor económico de la comunidad migrante. El problema es limitar el discurso a cifras espectaculares sin traducirlo en acciones concretas: ¿Dónde están los mecanismos de protección jurídica? ¿Dónde están las iniciativas serias para evitar la explotación laboral? ¿Dónde está el respaldo diplomático real frente a la amenaza de deportaciones masivas?

La mención de oficinas de CATEM en Washington como ejemplo de atención institucional es simbólica, pero insuficiente. Mientras no exista una estrategia binacional integral, basada en derechos humanos, regularización migratoria, integración comunitaria y defensa activa en tribunales estadounidenses, el reconocimiento a los migrantes no pasa de ser una cortesía vacía.

Los migrantes mexicanos no necesitan homenajes en foros oficiales. Necesitan representación política real, acceso a derechos, protección efectiva y una política exterior que deje de ser tibia frente a las amenazas de criminalización.

Pedro Haces tiene razón en una cosa: los migrantes mexicanos son historia viva. Pero esa historia está marcada por una lucha desigual, por abandono institucional, y por una clase política que prefiere aplaudir desde la tribuna en lugar de legislar desde la urgencia.

Es momento de que el gobierno mexicano —todos sus niveles, todos sus partidos— pase del discurso al compromiso. Porque dignificar al migrante no es hacerle un reconocimiento simbólico; es garantizarle una vida plena, digna y protegida, allá donde ha decidido construir su futuro.

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