Hola Paisano
La farsa de una disculpa sin justicia
Ciudad de México 25 Septiembre 2025.- Más de 900 días después de la tragedia que arrebató la vida a 40 migrantes y dejó a 27 heridos en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, el Estado mexicano pretende maquillar con una ceremonia tardía lo que en esencia sigue siendo una deuda pendiente con las víctimas y con la comunidad internacional: justicia real.
El ex comisionado del INM, Francco Gisarduño Yáñez, ha sido el rostro de la negligencia institucional que derivó en el incendio del 27 de marzo de 2023. Desde entonces, la ruta jurídica ha estado marcada por intentos reiterados de evadir responsabilidades: salidas alternas, pagos parciales y recursos legales dilatorios que han buscado convertir una catástrofe humanitaria en un simple expediente administrativo.
Ahora, la “disculpa pública” fijada para el 26 de septiembre en la Ciudad de México aparece como una puesta en escena: un requisito procesal para allanar el camino hacia la exoneración del exfuncionario, no como un acto genuino de responsabilidad del Estado. El Partido Acción Nacional lo ha calificado de “farsa”, y no les falta razón: pedir perdón no basta cuando persisten la impunidad, la falta de reparación integral y la ausencia de medidas estructurales que eviten que otra tragedia se repita.
El caso ha evidenciado la fragilidad del sistema migratorio mexicano. Migrantes encerrados bajo llave como delincuentes, omisiones flagrantes en protección civil, guardias sin capacitación y autoridades más preocupadas por proteger a funcionarios que por garantizar derechos humanos. La narrativa oficial de “humanismo” ha quedado sepultada bajo las cenizas de Juárez.
En el plano internacional, este episodio refuerza la imagen de un México incapaz de garantizar estándares mínimos de derechos humanos para las personas migrantes, mientras sirve como muro de contención para los intereses de Estados Unidos. La comunidad internacional, organismos de derechos humanos y países de origen de las víctimas —particularmente de Centro y Sudamérica— tienen sobradas razones para cuestionar un proceso que se ha reducido a un acto simbólico sin consecuencias reales.
La verdadera justicia no se expresa en un discurso leído frente a cámaras, sino en sanciones efectivas, reparación integral del daño y reformas profundas al sistema migratorio. Todo lo demás es simulación.
La memoria de los 40 migrantes muertos y de los sobrevivientes exige algo más que un perdón burocrático: exige verdad, justicia y garantías de no repetición. Lo contrario es seguir consolidando la impunidad como política de Estado.
ABRAZO FUERTE
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Daniel Lee Vargas
