Hola Paisano
El clamor latino contra las deportaciones masivas
Ciudad de México 27 Septiembre 2025.- La política migratoria de Estados Unidos llegó a un punto de quiebre. Ocho organizaciones latinas de derechos civiles, encabezadas por UnidosUS, alzaron la voz esta semana en una carta dirigida al Congreso para advertir que la maquinaria de deportaciones masivas emprendida por la Administración Trump amenaza no solo a millones de familias migrantes, sino a la esencia misma de la democracia estadounidense.
El documento, remitido a los Comités de Asignaciones de la Cámara de Representantes y del Senado, no es una petición aislada ni un gesto simbólico. Es un llamado urgente a la acción en vísperas de la expiración de la ley de financiación del gobierno federal, prevista para el 30 de septiembre, fecha que podría derivar en un cierre parcial de la administración.
En ese contexto, la coalición reclama que el Congreso introduzca enmiendas específicas en los proyectos de financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para garantizar que la aplicación de la ley migratoria se someta a controles democráticos, transparencia y respeto a los derechos humanos.
La presidenta de UnidosUS, Janet Murguía, fue contundente: “La comunidad de derechos civiles está profundamente alarmada porque la escalada de deportaciones masivas no solo separa familias y debilita la economía, sino que socava los derechos fundamentales de todos en este país”.
El mensaje, más allá de la retórica, expone una verdad incómoda: la política migratoria no puede convertirse en un estado de excepción permanente en el que el ICE actúe con discrecionalidad, opacidad y violencia institucionalizada.
La carta alerta sobre un escenario en el que las redadas dejan de ser herramientas focalizadas y se transforman en un mecanismo de control social que erosiona la confianza entre la población migrante y las autoridades locales. El impacto económico tampoco es menor: las pequeñas empresas pierden trabajadores, se destruyen empleos y se debilita la cohesión de comunidades enteras.
Entre las enmiendas solicitadas por la coalición destacan medidas que en cualquier democracia deberían considerarse básicas: la prohibición del uso de máscaras por parte de agentes federales, la obligación de portar cámaras corporales con acceso público a las grabaciones, la garantía de que niños y menores no sean deportados sin procesos adecuados, y la protección de “lugares sensibles” como escuelas, centros médicos o templos religiosos.
Se trata de recordatorios elementales de que incluso en materia de seguridad nacional, el poder del Estado no puede estar por encima de la Constitución. En paralelo, las organizaciones exigen que los datos administrativos no sean utilizados como instrumentos de persecución, que se fortalezcan los mecanismos de transparencia en los contratos de reclutamiento del ICE y que los congresistas tengan acceso directo y sin restricciones a los centros de detención migratoria.
Este pronunciamiento colectivo no es casual ni oportunista. Responde a un clima político en el que la narrativa anti inmigrante se normaliza y se convierte en capital electoral. La Administración Trump ha optado por traducir la migración en sinónimo de amenaza, invisibilizando la contribución económica, social y cultural de millones de personas que sostienen sectores enteros de la economía estadounidense: desde el campo y la construcción, hasta la hotelería y los servicios de salud.
Ahora sí que mientras los migrantes mantienen viva la economía local, el gobierno los trata como prescindibles, desechables y criminalizados. Las deportaciones masivas no solo fracturan comunidades, sino que alimentan un discurso de exclusión que tarde o temprano se volverá contra la sociedad estadounidense en su conjunto.
El verdadero dilema, sin embargo, no está únicamente en la Casa Blanca, sino en el Capitolio. La carta coloca a los legisladores frente a una disyuntiva histórica: ¿aprobarán un presupuesto que blinde los abusos del ICE o introducirán enmiendas que devuelvan la rendición de cuentas al corazón de la política migratoria?
El Congreso, como contrapeso institucional, tiene la responsabilidad de impedir que la política migratoria se rija por la arbitrariedad y la impunidad. La discusión presupuestaria no debería reducirse a partidas y cifras; está en juego la vigencia del Estado de derecho, la protección de los derechos humanos y la credibilidad de Estados Unidos como república constitucional.
En la antesala del debate presupuestario, el Congreso tiene en sus manos la posibilidad de frenar la deriva autoritaria de la política migratoria. Ignorar este llamado sería aceptar que en Estados Unidos la justicia y la dignidad son privilegios reservados para unos cuantos, y no derechos universales.
ABRAZO FUERTE
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Daniel Lee Vargas
