Hola Paisano

El costo de la justicia migratoria en EU
Por Daniel Lee

Ciudad de México 5 Octubre 2025.- En octubre de 2025, hablar de migración en Estados Unidos no puede separarse de un tema incómodo: el precio de la defensa legal.

En un país que presume de Estado de derecho, el acceso a un abogado en materia migratoria no debería ser un privilegio reservado para quienes pueden pagar tarifas de miles de dólares, pero la realidad dice lo contrario.

Los números son contundentes: una consulta inicial oscila entre 100 y 350 dólares; un trámite de residencia puede costar hasta 6,000; y la defensa en una corte de inmigración alcanza cifras de 15,000 dólares o más.

¿Qué significa esto para un jornalero, para una trabajadora doméstica, para un estudiante indocumentado? Significa que el acceso a la justicia se mide en dólares, y que la diferencia entre quedarse en el país o ser deportado puede depender del tamaño de la billetera.

No se trata sólo de economía. La justicia, cuando se condiciona a la capacidad de pago, deja de ser justicia.

El sistema migratorio estadounidense no garantiza abogado de oficio, como sí ocurre en procesos penales. Así, miles de migrantes enfrentan jueces, audiencias y expedientes en un idioma ajeno y bajo un entramado legal complejo, completamente solos.

La desventaja es dura: estudios muestran que quienes cuentan con representación legal tienen hasta cinco veces más probabilidades de obtener un fallo favorable que quienes no la tienen.

Por supuesto, existen esfuerzos loables: redes de abogados pro bono, clínicas universitarias, organizaciones como RAÍCES o Catholic Charities que entregan hasta 50 horas anuales de defensa gratuita.

Pero estos recursos, aunque valiosos, son insuficientes frente a una demanda desbordada. En ciudades con alta población migrante, las listas de espera superan los meses, tiempo que un detenido no siempre tiene.

El panorama exige una pregunta más de fondo: ¿puede una democracia sostener su legitimidad mientras niega defensa legal a quienes están en riesgo de expulsión? El discurso de la seguridad nacional no puede justificar un vacío de derechos que condena a miles de familias al desarraigo sin juicio justo.

México y América Latina no pueden ser espectadores pasivos. Si las remesas —más de 64 mil millones de dólares en 2024— sostienen economías enteras, entonces es obligación política y moral garantizar que quienes las generan no se enfrenten solos al aparato migratorio estadounidense. Se requiere inversión en fondos de defensa legal, diplomacia activa y una exigencia clara: el acceso a la representación no debe depender del bolsillo.

Hoy, el costo de un abogado de inmigración en EU refleja mucho más que una tabla de honorarios: es el espejo de un sistema que discrimina entre quienes pueden pagar justicia y quienes son empujados al silencio. Y mientras la justicia siga siendo un privilegio tarifado, la democracia quedará en deuda con quienes más la necesitan.

ABRAZO FUERTE

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