El abandono legal de nuestros paisanos en EU

Ciudad de México 12 mayo 2025.- En el corazón del sistema migratorio estadounidense persiste una paradoja jurídica y moral inaceptable: miles de migrantes mexicanos enfrentan procedimientos de deportación sin acceso efectivo a representación legal. Esta carencia, lejos de ser un problema marginal, constituye una de las fallas estructurales más graves en la gestión de la migración internacional contemporánea.

Mientras el sistema penal en Estados Unidos garantiza el derecho a un defensor público, el sistema migratorio no ofrece esta salvaguarda básica. Según el centro TRAC de la Universidad de Syracuse, más del 60% de los migrantes detenidos no cuentan con representación legal.

En consecuencia, enfrentan audiencias sumarias que, en muchos casos, se resuelven en minutos y sin la comprensión plena de sus derechos o alternativas. El resultado es un proceso que sacrifica garantías legales en nombre de la eficiencia administrativa.

En estados fronterizos como Texas, Arizona y California, la demanda de servicios legales gratuitos supera ampliamente la capacidad instalada. Organizaciones como RAICES y KIND reportan listas de espera superiores a los 45 días, mientras que en ciudades mexicanas como Tijuana y Reynosa, menos del 20% de los solicitantes de asilo reciben orientación jurídica antes de sus entrevistas ante autoridades estadounidenses.

Esta precariedad tiene consecuencias inmediatas y graves. Los migrantes sin asesoría legal tienen hasta 10 veces más probabilidades de ser deportados, aun cuando podrían calificar para asilo o protección humanitaria. Muchos firman su salida voluntaria sin comprender los efectos jurídicos de sus decisiones, y niños no acompañados o mujeres víctimas de violencia quedan desprotegidos ante un sistema que no los escucha.

Lo cierto estimado lector, es que no hay respuestas suficientes, y me refiero de parte de ambos lados; Aunque el gobierno mexicano ha incrementado su presencia consular y algunos estados como Jalisco han lanzado programas de apoyo jurídico, estas acciones son aún limitadas, reactivas y desarticuladas. Por su parte, algunas alcaldías en EU han financiado programas de defensa legal, pero su impacto es desigual y depende de la voluntad política local.

Hay una deuda con la justicia, eso es una realidad. La falta de asistencia legal efectiva no es solo una brecha operativa, es una vulneración sistemática del derecho al debido proceso. Mientras se mantenga este vacío, ninguna reforma migratoria será verdaderamente humana ni sostenible.

Por tanto, estoy cierto que urge una estrategia binacional que fortalezca la defensa legal como eje central de la política migratoria. Eso implica invertir en defensoría pública especializada, ampliar el acceso a abogados acreditados en ambos lados de la frontera y, sobre todo, reconocer que ningún sistema que niegue el derecho a ser escuchado puede llamarse justo.

O…. Usted qué opina?