Hola Paisano

Corte de EU allana el camino para eliminar la ciudadanía por nacimiento.

Por Daniel Lee.

Ciudad de México, 28 de junio 2025.- En una decisión que marcará profundamente la historia migratoria de Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia otorgó un triunfo de gran alcance a la administración de Donald Trump al permitir la derogación parcial de la ciudadanía por derecho de nacimiento. Esta resolución, aprobada por seis votos contra tres, no solo desmantela un principio constitucional vigente desde hace más de 150 años, sino que abre un nuevo frente de vulnerabilidad para millones de migrantes, particularmente mexicanos y sus descendientes nacidos en territorio estadounidense.

La medida permitirá que en ciertos estados del país se niegue la ciudadanía automática a los hijos de padres no estadounidenses, un golpe directo a las comunidades migrantes, cuya presencia en Estados Unidos ha sido construida, en gran parte, sobre la base de este derecho. Se estima que cientos de miles de mexicanos podrían verse afectados a corto y mediano plazo, especialmente en estados de perfil republicano donde esta normativa será aplicada sin oposición.

La decisión de la Corte Suprema no solo legitima una orden ejecutiva impulsada por Trump durante su segundo mandato, sino que redefine, en la práctica, quién puede ser considerado estadounidense. Para las familias mexicanas que han vivido décadas en Estados Unidos, esta medida representa una amenaza existencial: sus hijos, nacidos y criados en suelo estadounidense, podrían quedar en un limbo jurídico, despojados de su nacionalidad y, por ende, de sus derechos fundamentales.

Más allá de lo jurídico, el impacto emocional y social es devastador. Las familias mexicanas —muchas de ellas establecidas en comunidades que han sostenido económicamente a regiones enteras de Estados Unidos— enfrentan ahora la posibilidad de ver fracturado el tejido mismo de su identidad y de su permanencia.

El fallo de la Corte Suprema agudiza la división territorial del país: mientras los estados republicanos avanzarán sin trabas hacia la aplicación de esta medida, los estados demócratas se preparan para encabezar una resistencia legal que promete ser prolongada y compleja. Este escenario anticipa un mapa migratorio aún más fragmentado, donde los derechos de los mexicanos y sus hijos dependerán, literalmente, del código postal.

El precedente es sumamente delicado: por un lado, la Corte Suprema ha blindado el poder ejecutivo al limitar la capacidad de los jueces de distrito para bloquear órdenes presidenciales; por otro, ha puesto en cuestión uno de los principios más sólidos de la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos. Lo que antes era un derecho universal por nacimiento en territorio estadounidense, ahora se convierte en un privilegio que podrá ser administrado políticamente según los intereses estatales y federales.

La ciudadanía por nacimiento ha sido, desde la posguerra civil, una de las garantías fundamentales contra la discriminación y la exclusión. Su derogación parcial revive los peores fantasmas de un pasado segregacionista y racista, donde la pertenencia al país no era un derecho adquirido, sino un estatus otorgado discrecionalmente por las élites en el poder.

El hecho de que este embate esté dirigido, en gran medida, contra los migrantes latinoamericanos —y especialmente contra los mexicanos— no es casual. Las narrativas nacionalistas, xenófobas y de supremacía blanca que resurgen con fuerza en amplios sectores conservadores encuentran en esta medida un instrumento jurídico para redibujar la identidad nacional a su conveniencia.

Fuerza Migrante: la organización que responde desde las bases

Frente a este escenario hostil, las organizaciones binacionales han comenzado a jugar un papel crucial. Una de ellas es Fuerza Migrante, una plataforma que ha logrado articular a más de 200 organizaciones comunitarias, clubes de oriundos, sindicatos, empresarios y líderes sociales tanto en Estados Unidos como en México, con el propósito de fortalecer la representación y la defensa de los migrantes mexicanos.

Fuerza Migrante ha centrado sus esfuerzos en empoderar políticamente a los migrantes, promover la educación cívica y facilitar el acceso a recursos legales. Ante la ofensiva contra la ciudadanía por nacimiento, esta organización se ha convertido en un canal fundamental para brindar asesoría jurídica, acompañamiento en procesos legales y generar campañas de información que ayuden a las familias mexicanas a conocer sus derechos y a organizarse para resistir los embates legales y políticos.

La omisión histórica de las autoridades mexicanas ante la criminalización de sus migrantes en Estados Unidos ha tenido costos irreparables. Hoy, frente a una agresión de esta magnitud, la respuesta diplomática debe ser contundente y coordinada. La defensa de los connacionales no puede limitarse a comunicados tibios ni a gestiones aisladas. Se requiere de una estrategia jurídica internacional, de apoyo directo a organizaciones como Fuerza Migrante que ya trabajan en el terreno y de un respaldo político firme para los estados y ciudades que busquen proteger a los mexicanos afectados.

La lucha por la ciudadanía, por el derecho a pertenecer, no ha terminado. Está más viva que nunca y ahora cuenta con una fuerza migrante que no está dispuesta a retroceder.

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