Hola Paisano

Nacer ya no basta, así el asalto a la ciudadanía en Estados Unidos
Por Daniel Lee Vargas

Ciudad de México, 19 de abril 2025.- El 20 de enero de 2025, en un acto que parece más propio de un régimen autoritario que de una democracia constitucional, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que busca redefinir uno de los principios más fundamentales del derecho estadounidense: el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
Esta medida, dirigida a negar la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes indocumentados y personas con estatus legal temporal —incluidos turistas, estudiantes y trabajadores— no solo reaviva una de las batallas más ideológicas del trumpismo, sino que también representa un desafío frontal a la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
La 14ª Enmienda (ratificada en 1868) no deja lugar a dudas: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”. Esta disposición no surgió por error ni ambigüedad; fue una respuesta deliberada a las heridas profundas dejadas por la esclavitud y un compromiso firme con la igualdad ante la ley.
Cuestionarla ahora, bajo el pretexto de una supuesta “mala interpretación”, no solo distorsiona su sentido histórico y jurídico, sino que representa un intento peligroso de manipular el marco constitucional para objetivos políticos.

Ahora bien, la orden ejecutiva no es solo una propuesta jurídica. Es una declaración política. Busca despojar de ciudadanía a más de un millón de niños cada año, muchos de los cuales podrían quedar apátridas, sin derechos básicos, sin patria y sin protección. Es un ataque calculado al principio jus soli, base del derecho de nacionalidad en casi toda América, y cuyo desmantelamiento tendría ecos más allá de las fronteras estadounidenses.
Los tribunales han actuado con celeridad y responsabilidad al bloquear temporalmente esta medida. Sin embargo, la decisión final ahora reposa en la Corte Suprema, cuya audiencia programada para el 15 de mayo próximo se perfila como un parteaguas jurídico. Lo que está en juego no es simplemente una interpretación legal, sino el alma misma del contrato social estadounidense: ¿es la ciudadanía un derecho o un privilegio? ¿Puede un presidente reescribir la Constitución por decreto?
Esta acción no puede leerse de forma aislada. Es parte de una narrativa más amplia de exclusión, de construcción de muros —físicos y legales—, y de erosión de derechos en nombre de la “seguridad” y la “soberanía”. Socava los pilares del derecho internacional, amenaza con fracturar la división de poderes y sienta un precedente alarmante para cualquier democracia: que el poder ejecutivo pueda, por sí solo, redefinir quién merece pertenecer a la nación.
Debemos alzar la voz ante esta amenaza. No se trata solo del futuro de millones de niños; se trata del futuro de los principios democráticos que Estados Unidos ha dicho defender por generaciones. Porque hoy son los hijos de inmigrantes. Mañana, ¿quién sigue?
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