Mientras en EU legislan, ¿México qué hace?
Ciudad de México, 21 Julio 2025.- En Washington, dos congresistas latinas —una demócrata y una republicana— presentaron la iniciativa Dignidad 2025, un proyecto de ley bipartidista que, si bien no ofrece ciudadanía, busca regularizar a millones de migrantes indocumentados que llevan más de cinco años en Estados Unidos.
El programa otorga permisos de trabajo, protección contra la deportación y acceso limitado a una vía legal. Y aunque está lejos de ser una solución justa o completa, representa un paso político significativo en un Congreso paralizado desde hace décadas en materia migratoria.
Y mientras tanto esto sucede en la Unión Americana, en México, el Congreso está en sus grillas, poco les importa que ocurre con nuestros paisanos.
Es, sin duda, una paradoja. Mientras legisladoras estadounidenses —de origen latino— dan la cara para intentar proteger a millones de trabajadores indocumentados, incluidos cientos de miles de mexicanos, nuestros propios legisladores continúan ausentes del debate internacional y desconectados de la realidad migratoria que vive nuestra diáspora.
No hay pronunciamientos institucionales, ni misiones parlamentarias -(solo turismo legislativo), tampoco iniciativas coordinadas para defender los derechos de nuestros connacionales más allá del Río Bravo. Y eso no es omisión: es complicidad pasiva con el maltrato sistemático al que están siendo sometidos.
Dignidad 2025, con todos sus matices y restricciones —como la exclusión del acceso a beneficios federales, la imposición de multas y la nula opción de ciudadanía salvo para los “dreamers”— sigue siendo un gesto político que reconoce una verdad elemental: los migrantes no son criminales, son trabajadores esenciales. Mientras tanto, México no exige dignidad para los suyos, ni dentro ni fuera del país.
El Congreso mexicano se ha especializado en condenas retóricas ante políticas migratorias inhumanas, pero no ha desarrollado una estrategia legislativa estructural para acompañar, proteger y empoderar a los millones de mexicanos que viven, trabajan y aportan en Estados Unidos. En lugar de ejercer presión diplomática, establecer mecanismos de representación transnacional o financiar asistencia legal a gran escala, se limita a esperar pasivamente los vaivenes de la política estadounidense.
La ausencia de una postura articulada frente a iniciativas como Dignidad 2025 es más que preocupante: es reveladora. Muestra el abandono sistemático del Estado mexicano hacia su diáspora, especialmente hacia quienes viven sin papeles, en la sombra de la legalidad, pero en el corazón de la economía norteamericana.
Hoy más que nunca, México necesita un Congreso que defienda no solo la soberanía territorial, sino la dignidad de sus migrantes. Que entienda que cada mexicano indocumentado en Estados Unidos no es un problema, sino un testimonio del fracaso compartido: de un país que expulsa y otro que criminaliza. Que cada política migratoria que se discute en Washington sin la voz de México es una oportunidad perdida para intervenir, proponer, o al menos, exigir respeto.
Legislar sobre la migración no es sólo tarea de Estados Unidos. Es también —y con urgencia— una responsabilidad mexicana. Porque no hay dignidad posible sin representación. Y no hay representación real cuando el Congreso guarda silencio ante el exilio forzado de su gente. Y como siempre pregunto: ¿Dónde esta la siempre ausente Tatiana Clouthier, titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior?
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