Hola Paisano

608 millones de dólares para encerrar migrantes: el nuevo negocio del encierro

Ciudad de México 26 Julio 2025.- Difícil entender tanto odio. Y es que ahora el presidente Donald Trump puso sobre la mesa un presupuesto de 608 millones de dólares para financiar campos de detención masiva de migrantes. Lo hizo a través del llamado Programa de Subvenciones de Apoyo a la Detención (DEP), administrado por FEMA y operado en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Este ofrecimiento está dirigido a estados de la Unión Americana interesados en construir o ampliar centros de detención temporal.

El mensaje es duro y cruel: si los estados están dispuestos a levantar instalaciones tipo “Alligator Alcatraz” —el complejo de detención levantado en tiempo récord en los Everglades de Florida—, recibirán millones en fondos federales. El negocio está abierto. La moneda de cambio: la libertad y dignidad de miles de personas migrantes.

El encierro se convierte en política pública Lejos de ocultarlo, la administración presume el modelo: una prisión improvisada, rodeada de pantanos, con capacidad para 3,000 personas, construida en apenas ocho días en una pista aérea remota. Allí no hay más destino que la deportación, según palabras del propio Trump. Una versión moderna de Guantánamo migratorio, sin acceso libre a defensores, prensa o visitas humanitarias.

Lo más preocupante no es sólo el lugar o el método, sino la lógica que lo respalda: convertir la detención masiva en una política replicable, financiada y rentable, mientras se destruyen, una a una, las garantías mínimas del debido proceso migratorio. FEMA y el ICE prevén duplicar la capacidad de detención nacional a 100,000 camas antes de que acabe el año. Para eso son los 608 millones de dólares: no para escuelas, salud o integración, sino para más barrotes, más vallas y más alambradas.

Cinco estados ya están en conversaciones con el gobierno federal para replicar estos centros, según declaró la secretaria del DHS, Kristi Noem. “Espero que mi teléfono no pare de sonar”, dijo, entusiasmada por la posibilidad de que más gobernadores copien la receta de Florida: militarizar la gestión migratoria, prescindir de contratistas federales y levantar instalaciones de detención exprés con fondos de emergencia.

¿Desde cuándo se considera “emergencia” la presencia de familias migrantes? ¿Cuándo se transformó el federalismo en una competencia por ver qué estado encierra más rápido y más barato? Estamos ante una peligrosa distorsión del Estado de Derecho, donde el uso discrecional de recursos públicos convierte a la migración en un problema a contener, no a comprender.

Este no es un asunto interno de Estados Unidos. Es un problema de alcance hemisférico y global, porque normaliza el encierro como solución política. Sentar precedentes de detención masiva sin garantías en un país como EU, abre la puerta a imitaciones brutales en otras latitudes, donde los derechos humanos tienen aún menos protección.

El lenguaje que acompaña estas políticas también importa. “Pantanos traicioneros”, “la única salida es la deportación”, “modelo que debemos replicar”… Se construye así una narrativa de amenaza y encierro, donde el migrante deja de ser sujeto de derecho para convertirse en enemigo interno.

¿Cuánto cuesta perder el alma democrática? La pregunta no es solo cuánto costará construir más “Alligator Alcatrazes”. La verdadera pregunta es cuánto costará a la democracia estadounidense —y a sus aliados— normalizar la represión como política migratoria.

Porque cuando se pagan 608 millones de dólares para encerrar, y se desprecia toda inversión en integración, legalidad y derechos, el problema ya no es migratorio. Es moral. Es estructural. Y es una advertencia.

Y sí, otra vez insisto. ¿Dónde está el gobierno mexicano?, hoy más ocupado, al igual que el Poder Legislativo a defender y arropar corruptos de la administración morenista de ésta y la pasada gestión, quienes al amparo de la política hacen negocios oscuros y millonarios, vinculados al crimen organizado.

Afirmar por ejemplo que no hay carpeta de investigación para un impresentable y cínico sólo habla de complicidad y una impunidad ramplona que no merece México. Nuestros paisanos en EU viven una realidad infame, pero no son la prioridad. Es una vergüenza.

Postdata: Y a propósito, ahora que venga la nueva SCJN, ya sabemos que esperar…

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