
Hugo Aguilar Ortiz
El abogado mixteco que se perfila como presidente de la Suprema Corte
Hugo Aguilar Ortiz, abogado de origen mixteco, se ha convertido en una figura central en la transformación del Poder Judicial en México. Nacido en 1973 en el estado de Oaxaca, Aguilar Ortiz representa un avance histórico en la inclusión de los pueblos originarios en las instituciones del país. Tras obtener el mayor número de votos en la reciente elección judicial, se perfila como el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Aguilar Ortiz cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), donde también obtuvo una maestría en Derecho Constitucional. A lo largo de su carrera ha promovido activamente los derechos de los pueblos indígenas, desempeñando cargos como subsecretario de Derechos Indígenas en el gobierno de Oaxaca y como coordinador general de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Su trayectoria incluye colaboraciones con organismos internacionales, como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, enfocándose en temas de tierra, territorio y justicia indígena. Su visión jurídica se basa en el reconocimiento de los sistemas normativos de los pueblos originarios y en una justicia con perspectiva intercultural.
Durante el proceso electoral, Hugo Aguilar Ortiz defendió la necesidad de una justicia más cercana al pueblo, rechazando formalismos como el uso de la toga, y proponiendo un modelo más humanista e incluyente. Su posible llegada a la presidencia de la SCJN no solo es un hecho histórico por su origen indígena, sino también por su compromiso con la democratización del sistema judicial mexicano.
Las propuestas de Hugo Aguilar Ortiz
Principales propuestas
Propuesta 1:
Para una justicia congruente con la realidad, se debe impulsar una función jurisdiccional en territorio, incorporando visitas situ, el diálogo con las personas y la búsqueda de la situación efectivamente planteada, sin formalismos excesivos. Asimismo, se debe asumir una actitud abierta para aprender del otro, su especificidad, contexto y su realidad. De esta forma, los argumentos que sustenten las resoluciones no serán simples razonamientos formales, sino sustentados en la realidad.
Propuesta 2:
Se debe tener presente el carácter terminal que tienen las resoluciones, así como el hecho de que nadie posee la verdad absoluta. En este sentido, se debe fortalecer un enfoque multidisciplinario, dando intervención a las instancias especializadas en todas las materias, ampliando y consolidando la figura de Amicus Curiae. Asimismo, se debe privilegiar el diálogo con las partes para examinar con mayor profundidad las controversias.
Propuesta 3:
Evitar que la función jurisdiccional sea obstáculo del cambio social. Se deberá estar atento al contexto nacional para la resolución de los temas centrales de la vida pública. Para ello, se debe privilegiar un diálogo republicano entre los poderes de la Unión, las Entidades Federativas, los Municipios, los Pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.