El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, rechazó categóricamente los señalamientos presentados por el diario Los Ángeles Times sobre y Puente News Collaborative sobre la presunta existencia de expedientes penales abiertos por agencias del gobierno de Estados Unidos en su contra y el mandatario de Sonora, Alfonso Durazo.
El texto de los periodistas Steve Fisher y Kate Linthicum señalan de forma directa a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y a Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, bajo sospechas de supuestos vínculos con el crimen organizado y redes de contrabando de hidrocarburos.
Ante la difusión del reportaje, el titular del Ejecutivo de Tamaulipas desmintió de manera institucional las afirmaciones de los corresponsales extranjeros y aseguró que no cuenta con requerimientos judiciales o modificaciones en sus derechos de tránsito internacional con el país vecino.
“Niego de manera categórica y absoluta las aseveraciones que dicho medio pretende presentar como hechos… Resulta inadmisible que acusaciones de tal gravedad sean publicadas y difundidas sin exhibir una sola prueba verificable que la sustente”, sostuvo.
Niego categóricamente los señalamientos difundidos por el diario Los Angeles Times. No existe ninguna acusación o investigación en mi contra, y mi visa se encuentra vigente.
Nuestra prioridad seguirá siendo gobernar con responsabilidad y con hechos, dar resultados y responder… pic.twitter.com/3OcJA3dVpU— Américo Villarreal (@Dr_AVillarreal) June 3, 2026
“Quiero ser particularmente claro: cuento con mi visa estadounidense vigente, no he recibido ninguna notificación de autoridad alguna relacionada con restricción, cancelación o procedimiento de cualquier naturaleza”, puntualizó.
Además, negó haber ingresado a territorio estadounidense utilizando documentación distinta a la legalmente requerida: “jamás he ingresado a los Estados Unidos utilizando un documento distinto al que legalmente me acredita para ello. Cualquier afirmación en sentido contrario es falsa”.
¿Cuáles son las versiones sobre el estatus migratorio de Américo Villarreal?
La publicación periodística expone que la investigación dirigida hacia el gobernador de Tamaulipas se concentra en la vertiente del huachicol.
Según las fuentes consultadas por los reporteros, Américo Villarreal Anaya dispondría de un estatus especial denominado Significant Public Benefit parole, un mecanismo humanitario y de beneficio público que permite el ingreso formal a territorio estadounidense bajo resguardo de oficiales federales de esa nación.
No obstante, el propio Villarreal Anaya descalificó dicha versión en sus declaraciones ministeriales y mediáticas, donde ratificó que posee su visa estadounidense vigente y sin amonestaciones operativas.
El reportaje apunta a que Alfonso Durazo —exsecretario de Seguridad Pública federal— sufrió la cancelación de su visado el año pasado, situación por la cual recurriría al mismo programa de parole para asistir a citas médicas y presuntamente testificar ante un gran jurado en Nueva York, una instancia judicial similar a la que aprobó los cargos de extradición vigentes contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Advertencias de Sheinbaum ante solicitudes de extradición
Durante su conferencia matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, catalogó los señalamientos como estrategias de desestabilización con fines partidistas en contra de las administraciones locales emanadas de su movimiento.
De acuerdo con los datos revelados en el informe, las presiones institucionales se intensificaron en mayo pasado durante un encuentro bilateral entre el senador estadounidense Markwayne Mullin y la titular del Ejecutivo mexicano.
El enviado de la administración de Donald Trump manifestó la expectativa de Washington para lograr la entrega inmediata de Rocha Moya.
Como respuesta, la mandataria federal advirtió que el futuro procesal de los gobernadores se resolverá dentro de las leyes del Estado mexicano, tras señalar que la apertura de expedientes adicionales contra figuras electas en el país será catalogada como una interferencia política directa en los asuntos internos de México.
