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Inhabilitan a dos empresas de seguridad privada por dar información falsa al IMSS, ¿cuáles son?

Dos empresas de seguridad privada quedaron nuevamente inhabilitadas para celebrar contratos con el gobierno federal, luego de que proporcionaran información falsa al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Un tribunal colegiado revocó la suspensión judicial que había frenado la aplicación de las sanciones impuestas por realizar dicha acción, de manera que se reactivó la inhabilitación.

De esta manera ningún funcionario del gobierno federal, ni de las administraciones estatales o municipales, podrá contratar a dichas compañías cuando existan recursos federales involucrados.

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¿Qué empresas fueron inhabilitadas por dar información falsa al IMSS?

De acuerdo con el Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas Sancionados, Pryse recibió una inhabilitación por un año y seis meses, además de una multa de 808 mil 248 pesos.

Además Protección, Resguardo y Servicios Empresariales fue sancionada con un año y tres meses sin posibilidad de contratar con el sector público y una multa de 673 mil 540 pesos.

También se estableció que si al concluir los periodos de inhabilitación, las empresas no han cubierto las multas correspondientes, la restricción para contratar continuará vigente hasta que acrediten el pago.

La información falsa que proporcionaron dichas empresas, tiene que ver con comprobantes de estudios y certificaciones, presentados en procedimientos relacionados con el IMSS.

Investigación a empresas por falsa información al IMSS

La determinación judicial se emitió desde el pasado 4 de junio dentro de la revisión incidental R.A. 189/2026, correspondiente al juicio de amparo indirecto 2080/2025.

El fallo permite que vuelvan a surtir efectos las inhabilitaciones impuestas por el Órgano Interno de Control en el IMSS, así como sendas multas que suman un millón 481 mil 788 pesos.

La dependencia subrayó que la revocación de la suspensión judicial reactiva las sanciones originales. Por ello, los periodos de 18 y 15 meses corresponden a los castigos establecidos en 2025 y no necesariamente al tiempo que resta por cumplir, pues durante la suspensión judicial se interrumpió su aplicación.